12 minutos, cuatro preguntas, una sobre reforma judicial: así fueron las entrevistas a los aspirantes a la Corte

Los aspirantes a una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron evaluados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo en un proceso de solo 12 minutos y cuatro preguntas. Entre los temas abordados estuvieron su postura sobre la elección judicial y la suspensión concedida por un juez de Michoacán para frenar la reforma.

Previo al proceso de insaculación para determinar qué candidatos y candidatas irán a la boleta de los primeros comicios de personas juzgadoras, magistradas y ministras del país, los Comités de Evaluación del Ejecutivo y Legislativo realizaron entrevistas durante dos semanas a los aspirantes considerados elegibles para los cargos. En el caso de Legislativo se trató de entrevistas a puerta cerrada o en línea a 5 mil interesados.

“Me preguntaron sobre si era factible que en un momento dado se estudiara el procedimiento o el fondo de una reforma constitucional. Para mí la postura era que no era posible echar atrás una ley emitida por el Constituyente permanente, formulado por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores”, relata una de las personas aspirantes, quien solicitó guardar el anonimato, en referencia al proyecto de resolución sobre la constitucionalidad de la reforma judicial que votaron en la SCJN.

Otra persona aspirante relata que una de las dos preguntas que le hicieron fue en torno a la suspensión otorgada por el juez Sergio Santamaría Chamú contra la reforma judicial. 

“Me preguntaron primero cómo haría yo para acercar la justicia a la ciudadanía, sobre todo la de la Suprema Corte, ya en el contexto de la reforma. La segunda pregunta era qué opinaba yo de la suspensión del juez de Michoacán. Así con esa ambigüedad me la preguntaron”, señala la otra persona, quien también pidió que su identidad no sea revelada.

Una semana antes del inicio de las comparecencias, que comenzaron el 14 de enero, el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió sus trabajos para acatar la sentencia emitida por el juez Santamaría Chamú, a favor de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, para salvaguardar los derechos laborales de las personas juzgadoras del país, quienes perderían sus empleos ante la elección judicial.

Otro de los aspirantes a llegar a la Corte fue Roberto Gil Zuarth, quien se registró ante los Comités de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero solo compareció ante este último. En su entrevista, señala, el exlegislador por el PAN no recibió preguntas sobre su postura en torno a la reforma judicial, lo que atribuye a que su posición contra la reforma fue pública.

“Me imagino que no me lo preguntaron conociendo mi posición pública. Yo sí dije en respuesta a la pregunta sobre la imparcialidad que habría que tomar como un elemento las nuevas reglas y los incentivos que genera el método electivo”.

El político señala que le hicieron cinco preguntas técnicas: concepto de violaciones graves a derechos humanos, cómo garantizaría la imparcialidad en el ejercicio de las funciones judiciales, en qué consiste la perspectiva de género, si recordaba algún criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que influyera en los criterios del Poder Judicial y la relación entre la jurisprudencia nacional e internacional. 

El Comité de Evaluación del Poder Legislativo entrevistó de manera presencial a aspirantes a ministros y ministras de la Suprema Corte; del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aspirantes a magistrados del primer Circuito en materia administrativa, que se encuentra en Ciudad de México. 

Mientras que a distancia comparecieron aspirantes a una plaza en las Salas Regionales del Tribunal Electoral; así como magistrados d circuito y jueces de distrito.

Los aspirantes recibieron un correo electrónico cinco días antes, con la fecha y hora de su comparecencia. 

Al llegar a la sede de Xicoténcatl, con previa cita, esperaban en una sala para ingresar a otro espacio en grupos de cuatro personas, donde veían un video institucional que explica la mecánica del examen: tres minutos para preguntas del Comité de Evaluación y 12 para responder hasta cuatro preguntas. Después pasaban a otra sala, donde eran filmados. 

Antes de las preguntas, las personas aspirantes podrían exponer por qué buscaban formar parte de la Suprema Corte.

La mayoría de las entrevistas presenciales fueron realizadas por las cinco personas comisionadas; sin embargo, hubo casos en los que estuvieron solo algunas integrantes para avanzar en el proceso. Las entrevistas presenciales tenían un límite de 12 minutos y las virtuales de 6 minutos. 

Para poder abarcar las comparecencias, algunas de las entrevistas no fueron realizadas por las integrantes del Comité, sino por parte d los equipos que les apoyaron durante el proceso. Así lo explica en entrevista la comisionada Maribel Méndez de Lara.

“Firmamos un acuerdo delegatorio, el Comité, para que nos apoyaran nuestros equipos a realizarlo y nosotros la evaluación de ellas en conjunto los cinco, en sesiones extenuantes que empezaban a las 8 de la mañana y terminaban a la una de la madrugada”, dice.

La comisionada Maribel Méndez explica que cada una de las personas comisionadas determinaba su pregunta a realizar, y asegura que todas evaluaban aspectos de conocimiento técnico jurídico, experiencia, propuestas para mejorar el sistema de justicia y “liderazgo humanista”. Cada una expedía su calificación, que promediaron.

Para las entrevistas a distancia el Comité realizó un banco de preguntas, unas de opinión, ligadas a derechos humanos, y otras relativas a cuestiones técnicas o especializadas en materia jurídica. Éstas se definían al azar por las personas aplicadoras, asegura la comisionada.

Méndez de Lara dice que revisaron si en su trayectoria habían defendido los derechos humanos, ya sea en la academia o como representación. Y en caso de ser parte de la impartición de justicia, si han elaborado proyectos o sentencias relevantes en materia de protección y salvaguarda de los derechos humanos.

“También hicimos toda una investigación de anticorrupción en la Fiscalía General de la República, en el Poder Judicial, en algunos poderes judiciales, donde teníamos el mayor número de participantes para ver un requisito fundamental, porque no basta ser buen técnico, no basta tener mucha experiencia, no basta tener sensibilidad, hay que tener honestidad”.

Para definir a las personas, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo constituyó un equipo de casi medio centenar de personas para poder sacar adelante la selección entre más de 18 mil personas.

“Prácticamente desde el 30 de octubre al día de ayer hemos trabajado jornadas de 20 horas diarias”, señala la comisionada Maribel Méndez.

“Pero previamente a la entrevista nosotros ya habíamos visto los currículums, ya habíamos visto cuál era su ventaja comparativa de la persona aspirante, abordábamos en torno a ello, hablábamos, por ejemplo, también veíamos sobre qué hizo su tesis de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, veíamos su posición respecto de las víctimas, ese fue un tema que le dimos mucho peso”, añade la comisionada.

Pendientes y fallas

La comisionada califica el proceso como “histórico”, sin embargo, destaca las enseñanzas que les dejó: la necesidad de prepararlo con más tiempo, contar con un sistema robusto de informática y realizar más entrevistas presenciales.

“Sería conveniente al menos que durara dos meses más el proceso”. 

Esta opción podría resolverse en las elecciones de 2027, cuyo proceso comienza desde septiembre de 2026. En el actual, la convocatoria fue lanzada el 4 de noviembre de 2024 y a más tardar el 31 de enero, el Comité tenía que tener lista la calificación de idoneidad de las personas elegibles para que pudieran pasar a la siguiente fase de insaculación por tómbola.

Para Gil Zuarth, sin embargo, se trató de un proceso desaseado en el que se “manipuló” para que solo algunos perfiles pudieran ser electos mediante sorteo.

“Redujeron el número de los preseleccionados para que salieran los que ya estaban designados por dedazo pudieran superar la tómbola”. 

También asegura que pesaron criterios alternos a la trayectoria judicial.

“En el caso del Poder Legislativo que sí hubo un esfuerzo por lo menos de entrevistar a una gran parte de los aspirantes, hoy sabemos que pesaron elementos extrajurídicos que no están en el expediente, como fue mi caso”, dice en referencia a las declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró que fue debido a sus antecedentes penales que fue descalificado.

Con información de Animal Político.