México se encuentra en crisis de identificación forense
Aunque todos los estados cuentan con una comisión local de búsqueda, muchos no tienen personal capacitado para las tareas, según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) la mayor parte de México carece de centros de identificación humana y panteones forenses, lo que se traduce en la crisis de identificación forense que atraviesa México, en la que no hay un registro adecuado de las personas fallecidas no identificadas, tampoco existe una base de perfiles genéticos homologada, por lo que las familias deben dejar muestras de ADN en los estados donde creen que podría encontrarse su familiar desaparecido.
Lo anterior ocasiona que los familiares busquen por años a personas desaparecidas que en realidad fallecieron o fueron asesinadas y sus cuerpos están bajo resguardo de las fiscalías, que en ocasiones desconocen en qué fosa común fue inhumado el cuerpo, lo que profundiza el drama de las desapariciones y agota las posibilidades de identificación de las víctimas.
Actualmente no hay manera suficiente de identificar los restos humanos
Las iniciativas para generar capacidad de identificación de restos humanos propuestas por el gobierno federal, que fueron el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación Humana, fracasaron y en la actualidad no existe capacidad para atender la enorme tarea de la identificación.
"De los centros regionales de identificación humana sólo se cuenta con el de Coahuila. Otro aspecto del problema es que no hay una base de datos o un conjunto de bases de datos compatibles que permitan realizar la confronta entre restos humanos sin identificar y personas desaparecidas en el que participen todas las instituciones involucradas", afirmó el instituto.
En el balance las desapariciones en México siguen sin ser una prioridad, la organización recordó que los artículos 128 y 129 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias y que las autoridades de los estados correspondientes deben recabar, ingresar y actualizar las muestras necesarias para ingresar los datos al Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, que integra el Banco Nacional de Datos Forenses.
"Lamentablemente, los avances en el aparato jurídico e institucional de cada estado no se han traducido en una disminución de casos de personas desaparecidas ni un aumento en la identificación o localización de las mismas", puntualiza el informe del IMDHD.
El instituto ha identificado que en algunos estados, principalmente del sureste, las comisiones están compuestas por apenas una o dos personas. Por ejemplo, la comisión de Campeche durante 2023 tenía cuatro servidores públicos en total.
En Durango, Sonora, Oaxaca y Yucatán no existe una fiscalía especializada en desaparición de personas, y en los estados donde sí existen se enfrentan a desafíos relacionados con falta de personal capacitado y recursos suficientes.
Con información de Informador.mx
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Exigen derechohabientes a PCE trato digno; "si no pueden con el cargo, renuncien"
Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado, a través de redes sociales, piden a pensionados, activos y jubilados, a unirse por un bien común para exigir una atención digna de quienes encabezan y atienden en la institución, donde no se ponga en riesgo la vida de un ser humano, pues indican que tristemente vivimos en un mundo de indiferencia al dolor y las necesidades de los demás, indicando que si los directivos no pueden con el cargo, que renuncien.
Asimismo, mencionan, que se revisen los expedientes y vean los medicamentos que se surten a quienes requieren del servicio, pues uno de los derechohabientes dice que “es una barbaridad” la cantidad, pues en su caso particular al revisar su expediente le han dado tratamientos para el corazón, nivelar el azúcar y los triglicéridos, así como el colesterol, entre otros.
Entre las acciones a concretar llaman a la suspensión del servicio médico a los deudores de Pensiones Civiles del Estado, así como a un paro intermitente, escalonado, parcial o total, y huelga.
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