Con la representación de autoridades federales y locales, tanto de gobierno como de instancias judiciales, se realizó el evento de la Toma de Protesta del Dr. Hugo Molina Martínez como Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral.
El Dr. Hugo Molina fue acompañado por sus compañeros de pleno magistrados Gabriel Sepúlveda y Roxana García, junto a la representación de los Poderes en el Estado, la gobernadora Maru Campos y la presidenta del Congreso del Estado, Elizabeth Guzmán.
El Tribunal Estatal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad, profesionalismo, paridad, y perspectiva de género
Conforma a la Ley Electoral, el Tribunal Estatal Electoral se integra por tres magistradas y magistrados, en la presidencia, se debe privilegiar la alternancia de género, y debido a que asumen de forma escalonada, se presentó un informe de las acciones realizadas durante el periodo de la magistrada Roxana García.
Hugo Molina obtuvo el respaldo de las autoridades de gobierno, electorales, judiciales, alcaldías, dirigencias de partido y legisladores.
Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado, a través de redes sociales, piden a pensionados, activos y jubilados, a unirse por un bien común para exigir una atención digna de quienes encabezan y atienden en la institución, donde no se ponga en riesgo la vida de un ser humano, pues indican que tristemente vivimos en un mundo de indiferencia al dolor y las necesidades de los demás, indicando que si los directivos no pueden con el cargo, que renuncien.
Asimismo, mencionan, que se revisen los expedientes y vean los medicamentos que se surten a quienes requieren del servicio, pues uno de los derechohabientes dice que “es una barbaridad” la cantidad, pues en su caso particular al revisar su expediente le han dado tratamientos para el corazón, nivelar el azúcar y los triglicéridos, así como el colesterol, entre otros.
Entre las acciones a concretar llaman a la suspensión del servicio médico a los deudores de Pensiones Civiles del Estado, así como a un paro intermitente, escalonado, parcial o total, y huelga.