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'Fentanilo x Armas': como el tráfico ilegal de armas ha favorecido la violencia de los cárteles mexicanos

Las armas de origen estadounidense recuperadas en México tienden a concentrarse en estados fronterizos como Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, donde hay presencia del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Mientras el presidente Donald Trump exige a México detener el tráfico de fentanilo y metanfetaminas, el gobierno de Claudia Sheinbaum solicita a Estados Unidos frenar, de manera paralela, el flujo ilegal de armas hacia territorio mexicano.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reveló en entrevista para Aristegui En Vivo que, durante la última llamada entre Sheinbaum y su homólogo estadounidense, se abordó el tema del fentanilo y otras drogas. En respuesta, la presidenta puso sobre la mesa la discusión sobre el tráfico de armas.

“Muestra presidenta le dijo: ‘Pues sí, pero se están armando allá. No nos ayudan‘”, declaró Ebrard.

¿De dónde vienen y a dónde van las armas?

El informe Evaluación Nacional del Comercio y Tráfico de Armas de Fuego (NFCTA): Protegiendo a América del Tráfico de Armas de Fuego – Volumen Cuatro, publicado en enero de 2025 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), reconoce que más de 200,000 armas ingresan ilegalmente cada año a México desde Estados Unidos.

Además, detalla que entre 2017 y 2021, el 74% de las armas de fuego recuperadas en México y rastreadas internacionalmente tenían como origen Estados Unidos.

Texas fue el principal estado de origen, representando el 43% de todas las armas rastreadas hasta un comprador en México, seguido de Arizona con el 22%.

Las armas de origen estadounidense recuperadas en México tienden a concentrarse en estados fronterizos como Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

El documento también destaca una fuerte correlación entre la presencia de armas de alto calibre y los cárteles del narcotráfico. Según las autoridades estadounidenses, el 82% de las armas rastreadas en México se recuperaron en estados con fuerte presencia del Cártel de Sinaloa y/o el Cártel Jalisco Nueva Generación. Específicamente, el 41% de las armas se localizaron en áreas donde ambos cárteles ejercen un dominio significativo.

Entre las principales rutas de tráfico identificadas están el flujo de armas desde Arizona hacia Sonora, y desde Texas hacia Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Guanajuato.

Omar García Ponce, profesor de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales en la Universidad George Washington, estima que en los cuatro estados fronterizos de Estados Unidos existen más de 13,600 tiendas concesionarias de armas, lo que representa aproximadamente el 20 % del total de establecimientos autorizados en todo el país norteamericano.

El estimado de tiendas lo obtuvo con el total de licencias que ATF otorga para vender armas (aproximadamente 9,000), más aquellas para fabricar e importarlas (cerca de 4,600).

La ciudad con mayor cantidad de concesionarias es Houston, Texas, con más de 250 vendedores, seguida de San Antonio, con más de 150, y de Tucson y Phoenix, en Arizona, con alrededor de 150 cada una.

“Las armas se compran de manera legal por una persona con permiso. Luego las pasan ilegalmente a México”, explicó para Aristegui Noticias, García Ponce.

Además, alerta que varias de estas licencias se otorgan a domicilios particulares, no necesariamente a un establecimiento público, por lo que cualquier casa, sin ningún señalamiento podría vender armas de alto poder.

Las licencias en los estados fronterizos se han incrementado al rededor de entre un 10% y 15% en los últimos 10 años, estima García Ponce.

Asimismo, el profesor de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales, junto a otros colaboradores, destacó en su artículo “Desbordamiento transfronterizo: leyes estadounidenses sobre armas y violencia en México” que los municipios mexicanos cercanos a los estados fronterizos de EE. UU. —con excepción de California (es decir, Texas, Arizona y Nuevo México)— experimentaron un aumento en los homicidios a partir de 2004.

Este fenómeno, explican, fue impulsado por la expiración de la prohibición federal de armas de asalto (FAWB) en EE. UU., el incremento en la disponibilidad de armas, las disputas entre grupos criminales por el control de las zonas fronterizas y “la desestabilización política en México”.

México v.s. las empresas de armas en Estados Unidos

Para mitigar el flujo de armas, especialmente de asalto y alto calibre, provenientes de Estados Unidos, el Gobierno Mexicano demandó en 2021 y 2022 a fabricantes y distribuidores de armas en la Corte Federal de Distrito de Boston, Massachusetts y Tucson, Arizona.

El gobierno federal argumentó que estas armas han fortalecido a los cárteles y generado violencia en México, además de contribuir al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Estas acciones legales no están dirigidas contra el Gobierno de Estados Unidos ni cuestionan el derecho constitucional a portar armas amparado por la Segunda Enmienda. Tampoco buscan limitar la capacidad de la industria armamentística para operar de manera responsable y en apego a la ley. Las demandas buscan abordar una causa común que afecta a ambos países, señalando prácticas ilícitas en el sector armamentístico que perjudican a sus ciudadanos, explica la Secretaria de Relaciones Exteriores.

La demanda de Boston apunta a la negligencia de empresas fabricantes, distribuidoras y vendedoras de armas, cuya falta de diligencia facilita su tráfico ilícito hacia México. Entre las empresas demandadas en este caso se encuentran: Smith & Wesson Brands, Inc., Barrett Firearms Manufacturing, Inc., Century International Arms, Inc., entre otras.

Por su parte, la demanda de Tucson se enfoca en la venta de armas a través de prestanombres, quienes adquieren estos productos para organizaciones criminales en México. Las empresas demandadas en este caso son:

– Diamondback Shooting Sports, Inc.

– SNG Tactical, LLC.

– Loan Prairie, LLC d/b/a The Hub.

– Ammo A-Z, LLC.

– Sprague’s Sports, Inc.

Sin embargo, el Gobierno Federal demandó solo una de las cinco empresas que la Fiscalía General de la República tenía identificadas desde 2020.

Documentos obtenidos por Aristegui Noticias de los archivos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el colectivo Guacamaya, señalan que el gobierno de México tenía identificadas al menos cinco empresas mayoristas de armas en Estados Unidos, así como a 518 de sus clientes frecuentes que abastecen a los cárteles mexicanos.

Según el documento del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia (Cenapi) de la FGR, las compañías señaladas por favorecer el tráfico ilegal a México son: Academy, Ltd; Zeroed in Armory LLC; Cabela’s Wholesale, LLC; The Gun Zone y Ammo A-Z LLC. Sin embargo, solo esta última fue incluida en la demanda de Tucson. 

El documento detalla que, del total de armas aseguradas (54,045), 727 provinieron de Academy, Ltd, de las cuales 110 se vendieron en transacciones múltiples; Zeroed in Armory LLC vendió 75, de las cuales 48 fueron ventas múltiples; Cabela’s Wholesale, LLC suministró 215 armas, 42 en ventas múltiples; The Gun Zone vendió 39 armas, 20 en ventas múltiples; y Ammo A-Z LLC proporcionó 46 armas, de las cuales 19 fueron transacciones múltiples. 

El informe señala que entre los 518 compradores recurrentes sobresalen Uriel Nmn Patiño, Sean Christopher Steward, Deborah Lynn Foote, Mckenzie Ralph Tompkins, Carlos Armando Celaya, Craig Steven Adlong y Michael David Mummert, estos dos últimos ya se encuentran detenidos.

El Trato: Fentanilo x Armas 

El acuerdo entre el presidente Donald Trump y la presidenta fue claro: México desplegaría 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera con el objetivo especifico de detener el tráfico de fentanilo a territorio americano y Estados Unidos colaboraría para detener el flujo de armas a territorio mexicano (así como posponer por un mes la implementación del 25% de aranceles).

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum informó que Estados Unidos investigará el tráfico de armas de alto poder hacia México a través de un grupo de trabajo conjunto en materia de seguridad.

“El grupo de trabajo sobre seguridad tiene como objetivo construir una región sin violencia, con paz, y disminuir el consumo y la distribución de drogas, particularmente del fentanilo, aunque no exclusivamente. Ellos se comprometieron a investigar, y nosotros vamos a solicitarlo, la entrada de armas de alto poder a México. ¿Cómo es posible que en México haya lanzagranadas incautadas de grupos delictivos, cuando estas armas son de uso exclusivo del Ejército en Estados Unidos?”, cuestionó.

La presidenta destacó la necesidad de un enfoque integral en la lucha contra el crimen organizado. Según explicó, “tiene que haber una investigación y una colaboración para que disminuya el tráfico de armas, y al mismo tiempo, nosotros colaborar para que disminuya el tráfico de fentanilo”.

A la par, Sheinbaum mostró su rechazo a designar a cárteles como terroristas.

“Nosotros creemos que catalogarlos como grupos terroristas no ayuda, por diversas razones que pueden exponer el Secretario de la Defensa o el Secretario de Seguridad. ¿Qué pasa con las armadoras que abastecen a estos grupos? Hay muchas otras formas de colaboración que respeten nuestras soberanías para enfrentar la crisis del fentanilo”, afirmó. AristeguiNoticias

Tips al momento

Exigen derechohabientes a PCE trato digno; "si no pueden con el cargo, renuncien"

Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado, a través de redes sociales, piden a pensionados, activos y jubilados, a unirse por un bien común para exigir una atención digna de quienes encabezan y atienden en la institución, donde no se ponga en riesgo la vida de un ser humano, pues indican que tristemente vivimos en un mundo de indiferencia al dolor y las necesidades de los demás, indicando que si los directivos no pueden con el cargo, que renuncien.

Asimismo, mencionan, que se revisen los expedientes y vean los medicamentos que se surten a quienes requieren del servicio, pues uno de los derechohabientes dice que “es una barbaridad” la cantidad, pues en su caso particular al revisar su expediente le han dado tratamientos para el corazón, nivelar el azúcar y los triglicéridos, así como el colesterol, entre otros.

Entre las acciones a concretar llaman a la suspensión del servicio médico a los deudores de Pensiones Civiles del Estado, así como a un paro intermitente, escalonado, parcial o total, y huelga.

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