Yerno de Osiel Cárdenas se declara culpable en violenta trama para controlar el mercado de autos
En la acusación y el testimonio ante la corte se destacaron golpizas, secuestros y tiroteos mortales que formaron parte de la conspiración entre los acusados, que usaron fuerza brutal contra varias personas que cobraban menos por sus servicios o que no pagaban las cuotas de extorsión.
El yerno de un narcotraficante mexicano se declaró culpable esta semana de participar en un entramado donde se utilizaba la violencia y las amenazas para fijar precios y controlar el mercado transnacional de automóviles usados en la frontera entre Estados Unidos y México.
Carlos Favián Martínez, yerno del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, se declaró culpable ante un tribunal federal en Houston de cargos que incluyen conspiración para fijar precios, monopolización, interferencia con el comercio mediante extorsión y lavado de dinero.
Otras nueve personas también fueron acusadas en noviembre de 2022 por su participación en el plan.
Los fiscales alegaron que la operación, que duró once años, comenzó en 2011 y tuvo que ver con la fijación de precios de los servicios de agencias de transporte que operan en Los Indios, Texas, a unos 32 kilómetros (20 millas) al noroeste de Brownsville.
El puerto de entrada es utilizado por miles de migrantes cada año que compran vehículos usados en Estados Unidos y los conducen de regreso a Centroamérica a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
En la acusación y el testimonio ante la corte se destacaron golpizas, secuestros y tiroteos mortales que formaron parte de la conspiración entre los acusados, que usaron fuerza brutal contra varias personas que cobraban menos por sus servicios o que no pagaban las cuotas de extorsión.
La relación de Martínez con Osiel Cárdenas Guillén se analizó en una audiencia de detención celebrada en julio de 2023, cuando un agente federal dijo que Martínez habló de sus relaciones transfronterizas en Matamoros y Reynosa durante un secuestro.
El agente dijo que Martínez se casó con la hija del narcotraficante Guillén, de 57 años y nativo de la ciudad fronteriza de Matamoros, México, quien inició una racha de violencia criminal extrema con la formación de los Zetas.
El jueves, Martínez se declaró culpable, como informaron inicialmente los medios locales. En el acuerdo de culpabilidad se estableció un periodo de encarcelamiento de 11 años, aunque está prevista una audiencia de sentencia en mayo.
"Tras dos años de litigio, pudimos llegar a un acuerdo mutuo donde se establece una sentencia de once años", dijo Kent A. Schaffer, abogado que representa a Martínez, en una declaración proporcionada a The Associated Press. "El señor Martínez ha estado encarcelado desde su arresto hace más de dos años y considera que esta resolución lo llevará de regreso a casa lo antes posible".
El suegro de Martínez fue extraditado recientemente a México tras cumplir una parte de su condena en Estados Unidos. El antiguo narcotraficante enfrenta cargos relacionados con drogas, crimen organizado y lavado de dinero en México. Proceso
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Exigen derechohabientes a PCE trato digno; "si no pueden con el cargo, renuncien"
Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado, a través de redes sociales, piden a pensionados, activos y jubilados, a unirse por un bien común para exigir una atención digna de quienes encabezan y atienden en la institución, donde no se ponga en riesgo la vida de un ser humano, pues indican que tristemente vivimos en un mundo de indiferencia al dolor y las necesidades de los demás, indicando que si los directivos no pueden con el cargo, que renuncien.
Asimismo, mencionan, que se revisen los expedientes y vean los medicamentos que se surten a quienes requieren del servicio, pues uno de los derechohabientes dice que “es una barbaridad” la cantidad, pues en su caso particular al revisar su expediente le han dado tratamientos para el corazón, nivelar el azúcar y los triglicéridos, así como el colesterol, entre otros.
Entre las acciones a concretar llaman a la suspensión del servicio médico a los deudores de Pensiones Civiles del Estado, así como a un paro intermitente, escalonado, parcial o total, y huelga.
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