Desplaza a familias “siembra” de explosivos en Michoacán

Apatzingán, Michoacán, 17/02/25 (Más / IA).- La violencia en Michoacán ha alcanzado un nuevo nivel con la “siembra” de minas terrestres en diversas comunidades, una táctica utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus aliados para frenar los operativos militares y controlar territorios estratégicos.

Este fenómeno ha provocado la muerte de civiles, militares y campesinos, además de un éxodo forzado de cientos de familias que han tenido que huir de sus hogares por el miedo a caer víctimas de estos explosivos.

Anita Torres Juárez, de 73 años, y su hijo Viviano Villano Torres, de 38, vivieron en carne propia la amenaza de estos artefactos. El 24 de marzo de 2024, mientras se dirigían a su rancho en la comunidad de La Limonera, en Apatzingán, pasaron junto a un convoy militar. Los soldados les advirtieron que la zona estaba plagada de explosivos, pero decidieron seguir adelante. Metros después, una de las llantas delanteras de su camioneta activó una mina terrestre.

“Sobrevivimos a una mina. Caímos a una mina, cuando íbamos para el rancho”, relata doña Anita. “Es un milagro de Dios, porque esas cosas no se las deseo ni al más enemigo del mundo. La camioneta reventó y, gracias a Dios, no nos pasó nada; nomás perdí mi oído; ya no oigo”.

El estallido dejó el vehículo destrozado y los atrapó en una nube de humo. Aturdidos por la explosión, fueron rescatados por soldados que los trasladaron a un hospital. A Anita le diagnosticaron pérdida auditiva en uno de sus oídos.

Este no ha sido un caso aislado. El 8 de febrero pasado, en la localidad de Santa Ana, Buenavista, un campesino de 43 años y un adolescente de 14 murieron al activar accidentalmente un artefacto explosivo mientras realizaban labores agrícolas. El impacto del estallido los mató al instante.

El CJNG y su bloque criminal Cártel Michoacán Nueva Generación, en alianza con Los Viagras, han convertido varias comunidades de Apatzingán y Buenavista en campos minados. Su objetivo principal es obstaculizar el avance de las fuerzas de seguridad y proteger sus campamentos, pero la violencia ha terminado por afectar directamente a la población civil.

Acatlán, Las Salatera, Las Anonas y La Limonera son algunas de las localidades donde los explosivos han sido sembrados. La situación ha llevado al desplazamiento forzado de al menos mil 200 familias que han huido a zonas más seguras, principalmente en Acatlán y otras comunidades cercanas.

Pablo López Tapia, un agricultor y ganadero de 79 años, es uno de los desplazados. “Yo tuve que huir de donde nací por miedo, ni modo que por valiente, porque tiene uno miedo que nos quiebren con una mina de esas”, lamenta. “Nos vinimos huyendo del mal paso”.

Las Anonas, su comunidad natal, ahora es un pueblo fantasma. “No puede uno ir al campo, porque hay minas enterradas y uno que no las conoce, pues las pisas y se acabó el corrido”, explica.

Las detonaciones de los explosivos se han vuelto frecuentes en la región. Durante un encuentro entre desplazados en Acatlán, el sonido de ráfagas de fusiles y explosiones de drones anunciaron un nuevo enfrentamiento, otro recordatorio de que la violencia no ha cesado.

Las minas terrestres han sido una herramienta del CJNG no solo para defender su territorio, sino también para sembrar el terror entre la población. En varias comunidades, médicos y maestros han dejado de acudir a sus trabajos por miedo a ser víctimas de estos explosivos.

El 12 de enero de 2024, dos hombres murieron al estallar una mina en el acceso a la localidad de Las Bateas, en Apatzingán. La explosión destruyó su camioneta y calcinó sus cuerpos.

Días antes, un jornalero resultó herido cuando el tractor que conducía activó un artefacto explosivo en una huerta de limones, en el camino entre El Capire y Los Hornos.

Una de las víctimas más recientes fue Ramón Paz Salinas, un productor de limón y profesor rural de 69 años. El 9 de enero, mientras se dirigía en su camioneta de Las Bateas a El Tepetate para impartir clases, activó una mina terrestre y murió en el acto.

Ante la escalada de violencia, el Ejército Mexicano ha desplegado operativos en la región para detectar y desactivar los explosivos. Tras la muerte del profesor Paz Salinas, el gobierno federal envió un vehículo antiminas a Michoacán para localizar y destruir estos artefactos. Sin embargo, los esfuerzos han sido insuficientes, y los ataques continúan.

El CJNG ha perfeccionado el uso de explosivos como una estrategia de guerra. Desde 2022, se han documentado al menos 14 muertes y múltiples heridos por la detonación de minas artesanales.

El primer caso registrado ocurrió el 8 de febrero de 2022, cuando un jornalero y un niño murieron tras pisar una mina en El Aguaje, municipio de Aguililla. Desde entonces, el uso de estos artefactos ha ido en aumento, convirtiendo a Michoacán en una de las regiones más afectadas por esta táctica de guerra.

Además de las minas, el CJNG ha utilizado drones explosivos y artillería pesada para atacar comunidades y combatir a grupos rivales.

Las familias desplazadas por la violencia en Michoacán enfrentan un panorama desolador. No pueden regresar a sus hogares por temor a ser víctimas de una explosión y han perdido sus tierras, su ganado y sus medios de subsistencia.

“Nos venimos con una muchacha y un muchacho, la muchacha ya con hijos, pero el muchacho todavía no. Nos vinimos de huida”, dice don Pablo López Tapia, quien ahora sobrevive con lo poco que pudo llevarse consigo.

Mientras la violencia persiste, el Gobierno Federal se resiste a reconocer la gravedad del problema. Aunque los explosivos utilizados cumplen con la definición de minas terrestres, las autoridades los catalogan como “Artefactos Explosivos Improvisados”, evitando así su clasificación dentro del derecho internacional humanitario.

En tanto, los habitantes de la Tierra Caliente michoacana siguen huyendo, dejando atrás generaciones de historia, tierras de cultivo y un pasado que parece cada vez más inalcanzable.

Con información de: Massinformacion.