Experiencia de Bolivia: el voto popular no resolvió el problema de justicia

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Bolivia, el país en cuyo modelo se inspiró Andrés Manuel López Obrador para crear la reforma judicial, ya vivió sus primeras tres elecciones de juzgadores entre errores y aciertos que han demostrado que el voto popular no resolvió el problema de justicia en dicho país.

En entrevista con Proceso, Sergio Ardaya, abogado boliviano especialista en temas de transparencia, comentó que con el tiempo las autoridades de su país han aprendido que entre más participación ciudadana y menos politización de los procesos de elección judicial haya, mejores perfiles llegan a los altos puestos de justicia.

Sin embargo, explicó que el más reciente proceso electoral se retrasó durante un año y tuvo que realizarse de manera parcial por diversos problemas internos con los juzgadores que aún se oponen al sistema y la falta de mujeres participantes.

Esta casa editorial informó el 3 de febrero de 2024 que la iniciativa de reforma del expresidente López Obrador se inspiró en el ejemplo de Bolivia para instaurar la elección de jueces por voto popular.

En cambio, las leyes bolivianas establecieron la renovación sólo de las altas cortes de justicia, mientras que en México el modelo de López Obrador establece una renovación total del Poder Judicial de la Federación (PJF) y los poderes judiciales locales, que deberán concretarse en dos procesos electorales.

“(Este sistema) surge por una crítica que hay al sistema de justicia en muchos de nuestros países, en varios países de la región, por una cultura elitista, muchas veces vista como corrupta, alejada del ciudadano, no entendida en una concepción de derechos humanos, de defensa de grupos minoritarios, indígenas, mujeres, etcétera”, explicó Ardaya.

“Entonces surge en un momento de crisis también del propio sistema de justicia con muchas observaciones desde distintos actores de la política, de la ciudadanía, y surge como una iniciativa del partido de gobierno para, evidentemente, promover un cambio, que es la bandera con la que se promueve en muchos de nuestros países estos cambios radicales y vienen a ser lo mismo”.

Aunque reconoció que el primer proceso electoral judicial de Bolivia fue complicado, consideró que el de México, al renovar a todos los juzgadores, puede representar un reto mayor.

Compartirá su experiencia

Este miércoles, Ardaya acudirá junto con un grupo de expertos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil boliviana, a la Cámara de Diputados a compartir con los legisladores mexicanos las lecciones aprendidas con sus elecciones judiciales, sistema que se pondrá en práctica, por primera vez en este país, en junio próximo con la elección de la mitad de juzgadores del PJF y de los poderes judiciales locales.

El 1 de agosto de 2024 Proceso dio cuenta de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una nota técnica sobre el sistema de justicia de Bolivia en el que, pese a que los titulares de las altas cortes son elegidos mediante voto popular, aún prevalecen la desconfianza ciudadana, la opacidad y deficiencias estructurales y normativas.

Detalló que inicialmente los criterios para los interesados en postularse para las elecciones eran subjetivos porque sólo establecían un listado de requisitos que no permitían distinguir entre qué perfiles tenían mejor preparación o mayor experiencia para desempeñar la función de juzgadores, lo que provocó que, en algunos casos, no llegaron los mejores a la planilla de elección.

“Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos venido haciendo recomendaciones, sugerencias técnicas, porque evidentemente lo que debería cumplir este proceso es contar con un barómetro que permita además, meritocráticamente, ponderar los mejores perfiles”, comentó.

“(También) para que los procesos sean públicos, cuenten con veedores (observadores) ciudadanos que desde la sociedad civil, desde organizaciones que ven temas de medio ambiente, salud, educación, violencia contra las mujeres, derechos LGBTI, indígenas, de manera plural puedan observar cómo se realizan y eso ha sido algo positivo porque, evidentemente, más allá de que estés a favor o en contra del proceso, la ciudadanía tiene que ejercer ese rol de no sólo participar con el voto en las elecciones, sino ser un controlador de la gestión pública y éste es un rol de la ciudadanía activa, entonces se ha logrado inclusive incorporar en los reglamentos este rol de las veedurías ciudadanas”.

En cada proceso electoral judicial los observadores ciudadanos pueden entregar informes a las comisiones encargadas de revisar los perfiles de los candidatos para coadyuvar en la selección de los mismos antes del día de la elección.

Actualmente existe una ponderación de los criterios de evaluación en los que se otorga una puntuación diferente a los aspirantes dependiendo de los años de experiencia, cuántos posgrados tiene, si tiene publicaciones, entre otros, para acotar más la subjetividad con la que pueden ser seleccionados para una candidatura y reducir la politización de los procesos.

La última elección judicial de Bolivia estaba programada para 2023, sin embargo se realizó parcialmente en diciembre de 2024, porque ante el Tribunal Constitucional las autoridades elegidas por el partido en el gobierno presentaron impugnaciones a la reforma constitucional que instauró la elección por voto popular de esos cargos y han decidido autoprorrogar sus nombramientos, además de que anularon la elección en parte del país porque no hubo candidatas mujeres.

Esta situación también ha provocado que los procesos de validación y revisión de los perfiles aspirantes permanezcan frenados.

“Esto además ha generado un conflicto de intereses, porque las autoridades que deciden cómo se va a fallar en esos casos que se han presentado en el sistema constitucional eran las mismas que decidían sobre su futuro, es decir, si se iban o no se iban y han decidido su autoprórroga”, refirió.

En el primer proceso de Bolivia los mejores abogados del país rechazaron postularse porque, al tener criterios tan subjetivos, existía desconfianza en el equilibrio en la contienda y la intervención de intereses políticos para colocar a personas afines, por lo que los aspirantes que se postularon no necesariamente eran los mejores.

“Hubo una movida muy fuerte en el país en la primera elección para que se promoviera el voto blanco y nulo para demostrar que gran parte de la ciudadanía estaba disconforme con esta modalidad de voto y evidentemente en esa primera elección, y en la segunda también, ganó el voto nulo y blanco”, lamentó.

Aunque en la tercera elección también se intentó promover el voto nulo y blanco, la participación ciudadana creció y se postularon mejores perfiles.

“Hemos sido invitados ahora para comunicar los aciertos y errores que han tenido nuestros procesos y el rol que deben tener tanto la academia como la sociedad civil, que debería ser de acompañamiento desde los procesos de registro, de todo lo que está pasando, que esto permita además llevar registro de lo bueno, lo malo y lo feo, como se dice, para hacer recomendaciones”, afirmó.

Pese a las correcciones que Bolivia ha realizado a su sistema de elección judicial, Sergio Ardaya precisó que los problemas de rezago, elitismo, falta de perspectiva de género o la emisión de resoluciones que afectan los derechos de las minorías no ha cambiado con la designación por voto popular.

“El mayor problema está en la preselección, porque es donde se debería tener más cuidado, más participación ciudadana, mejores filtros, mucho más rigor, porque muchas veces, inclusive en el país, hemos escuchado ‘se han presentado 700 candidatos, entonces es un proceso altamente legítimo’. No, o sea, eso no es bueno, porque si se van a presentar todos en masa, quiere decir que el reglamento no es lo altamente riguroso para que los mejores perfiles lleguen”, abundó.

“Si en determinado momento una sola fuerza política puede elegir a todos los postulantes que van a ir como candidatos, ahí hay también un conflicto, porque evidentemente una sola fuerza elige quiénes van a ser los candidatos y en últimas los ciudadanos vamos a ir a convalidar algo donde no hemos tenido margen de definición”, finalizó.

Con información de proceso.com.mx