Torreón, Coahuila, 14/02/25 (Más).- Un panorama adverso se cierne sobre los menores de esad en Coahuila, la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) reportó al menos 6,000 expedientes relacionados con omisión de cuidados en menores, de los cuales corresponden a la región lagunera 1,200, cifra podría aumentar hasta en un 50% durante 2025, debido principalmente al consumo de drogas por parte de los padres.
La situación es a tal grado apremiante que recientemente se anunció la incorporación de quince agentes del Ministerio Público especializados en la atención de delitos como agresiones físicas, abuso sexual y descuido por parte de familiares directos, con el fin de fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La omisión de cuidados es una forma de negligencia que ocurre cuando una persona responsable no brinda la atención necesaria a un menor, adulto mayor o persona con discapacidad. Esta falta de atención puede manifestarse en distintos niveles, desde el descuido básico de alimentación y salud hasta la exposición constante a situaciones de riesgo. Dependiendo de la gravedad del caso, la omisión puede clasificarse en simple, cuando ocurre por descuido o imprudencia, o en impropia, cuando quien tiene la obligación de actuar no lo hace, provocando daño a la persona dependiente.
Las consecuencias de la omisión de cuidados pueden ser severas, afectando la salud física, mental y emocional de las personas en situación de vulnerabilidad. Entre los efectos más comunes están el deterioro del estado de salud, el aumento del riesgo de accidentes y problemas emocionales como ansiedad o depresión. A largo plazo, estas situaciones pueden reducir la calidad de vida de los afectados y generar un impacto significativo en el sistema de salud y asistencia social.
En México, este tipo de negligencia está considerada un delito bajo el Código Penal Federal, especialmente en lo relacionado con el abandono de personas. Las sanciones pueden incluir la pérdida temporal o definitiva de la patria potestad y, en casos graves, penas de prisión. Las autoridades han subrayado la importancia de atender estos casos de manera oportuna y fortalecer los mecanismos de prevención para garantizar el bienestar de las personas en situación de dependencia.
Según datos oficiales, a mediados de 2023 se habían atendido cerca de 2,000 casos en Coahuila, para 2024 los casos se habían incrementado hasta superar los 5 mil y para este año el pronóstico es negro.
María Teresa Araiza, procuradora de PRONNIF en Coahuila, explicó que la falta de cohesión familiar y la ausencia de redes de apoyo son factores clave que exponen a los menores a situaciones de riesgo. Si bien los casos de adolescentes involucrados en homicidios son poco frecuentes en el estado, la descomposición del núcleo familiar ha generado que algunos jóvenes sean influenciados por grupos delictivos ante la falta de figuras de autoridad responsables.
En un esfuerzo por coordinar estrategias de protección infantil, en Torreón se llevó a cabo la instalación de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Estatal y Municipal, con la participación de representantes de los Sistemas DIF de la región lagunera. El propósito de esta reunión fue homologar los criterios en la atención de menores en riesgo y fortalecer la coordinación entre PRONNIF, los ministerios públicos especializados y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Durante el encuentro, Araiza destacó la importancia de generar una cultura de protección infantil en la que participen instituciones, sociedad y medios de comunicación. Subrayó que la prevención es clave para evitar la criminalización de los adolescentes y que el acceso a programas de educación y crianza positiva puede reducir la incidencia de violencia entre menores.
En la región de La Laguna, se han registrado casos recientes de menores que han llevado armas a sus escuelas, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades. No obstante, la procuradora enfatizó que estos incidentes deben analizarse desde un enfoque de protección y derechos humanos, evitando castigos severos sin considerar el entorno en el que se desarrollan los menores.
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