Desplazados de la Lacandona por el narco piden ayuda al gobierno para regresar o ser indemnizados

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro) .- Familias desplazadas, de los Bienes Comunales Zona Lacandona, pidieron la intervención de las autoridades federales y estatales para que se les indemnice o facilite el retorno a la comunidad Lacanjá Chansayab, desde donde grupos del crimen organizado los obligaron a desplazarse en octubre de 2023. 

“Queremos recuperar lo que es nuestro, lo que construimos con nuestras familias que es nuestro patrimonio, esfuerzo del trabajo de muchos años, décadas y nuestro patrimonio de por sí es milenario. Todo esto se ha quedado en manos de los delincuentes, pero no nos resignamos a esta situación y queremos recuperar nuestros bienes y que nos paguen los daños y pérdidas causadas por el desplazamiento que sufrimos”, señalaron en una carta enviada al gobernador Eduardo Ramírez. 

Una de las principales actividades de las familias desplazadas de Lacanjá Chansayab es el turismo. Los desplazados mantenían cabañas ecológicas que ahora están bajo el dominio del crimen organizado, mientras que los comuneros ya no tienen voz ni voto en la asamblea comunitaria.  “Si dicen o hacen algo, son amenazados por el grupo criminal”. 

En la misiva las cuatro familias tzeltales lacandones, relataron que tuvieron que desplazarse forzosamente porque quedarse en la comunidad implicaba, “aceptar trabajar para los grupos de la delincuencia, sobrevivir extorsionados, pagarles su impuesto como derecho de piso y participar de sus actividades ilícitas funcionando como base social, como sus policías y participar en sus movilizaciones como bloqueos y hacernos cómplices de sus delitos”. 

La petición de los desplazados se dio luego del operativo federal y estatal, realizado el pasado domingo, en contra del grupo criminal, que opera en la región de la Selva Lacandona, con resultados de 20 personas detenidas. El líder, Segundo Cabrero López “El Cabras”, logró escapar y la Fiscalía General del Estado ofrece 500 mil pesos de recompensa por su captura. 

“Tenemos derecho al pago por servicios ambientales, ya que hemos sido responsables del cuidado de la selva, y aunque hemos sido desplazados de nuestra comunidad tenemos derecho a ese recurso, que, usurpando nuestro nombre, el crimen organizado ha cobrado la parte de que nos corresponde”, dice el texto enviado también al Fiscal General del Estado. 

Las familias refirieron que salieron de Lacanjá Chansayab, el 12 de octubre del 2023, “quedando abandonadas nuestras casas, negocios familiares como tienditas, un pequeño hotel, un restaurante y nuestros vehículos, además de dejar atrás nuestras milpas y huertos. Nuestros inocentes animalitos fueron cruelmente asesinados por los violentos de la comunidad como un acto de intimidación y advertencia en contra nuestra”. 

Las cuatro familias, las cual se omiten sus nombres por seguridad, se encuentran refugiadas en la vecina comunidad de Nueva Palestina, “donde compañeros comuneros generosamente aceptaron recibirnos, sin que, hasta la fecha el gobierno, en sus tres niveles, haya hecho algo para apoyarlos o procurar su retorno”. 

Relataron lo que ha sido el sufrimiento por abandonar sus casas, “el desplazamiento de nuestros territorios de origen y el despojo de nuestro patrimonio; por la falta de salud, educación y alimentación, lo cual está dejando fuertes secuelas traumáticas en nuestros niños y niñas, que comienzan a padecer desnutrición, por lo que es muy preocupante nuestra situación”. 

Las familias tzeltales y lacandones pidieron al gobierno que “haga valer nuestro legítimo derecho a la propiedad, al bienestar, al disfrute del patrimonio que con el trabajo de años hemos podido desarrollar, así como a los territorios que nos corresponden como comuneros indígenas, defensores de la madre tierra, pero en caso de no ser posible, entonces solicitamos que el gobierno asuma su responsabilidad de indemnizarnos económicamente por el valor real de esos patrimonios de los que hemos sido expropiados de manera ilegal”.  

Los desplazados señalaron que hoy en día, la comunidad que está rodeada de selva y lagunas está siendo devastada por el crimen organizado. “En tan solo 8 meses 97 hectáreas han sido devastadas, han saqueado maderas de la selva y han destruido los tejidos de vida del ecosistema”. 

Con información de proceso.com.mx