Sólo en 17% de homicidios se ha identificado un sospechoso: Human Rights Watch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Juanita Goebertus Estrada, directora de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, alertó que la próxima elección de miembros de jueces, magistrados y ministros en México, en junio próximo,  no sólo va en contra de la independencia judicial sino que “se está destinando a cooptar el Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo y específicamente de quien hoy ostenta el poder, el Partido Morena”.  

En conferencia de prensa para presentar el informe “Doble Injusticia. Las falencias del sistema de justicia penal de México en la investigación de homicidios”, Goebertus atribuyó a “un mal diagnóstico” que quiera responsabilizar a los miembros del Poder Judicial como responsables de la crisis de inseguridad y de impunidad en México.  

“Los elevadísimos niveles de impunidad en México no responden a la forma en la cual operan los jueces, sino que responden a la falta de investigaciones sobre la violencia y en particular sobre quiénes están detrás de prácticas violentas como el homicidio”, señaló. 

El informe presentado por Goebertus es el resultado de dos años de investigación encabezada por Tyler Mattiace, quien realizó 150 entrevistas a funcionarios de fiscalías de once estados del país y presentó más de 300 solicitudes de información. 

El documento revela de los cerca de 300 mil investigaciones por homicidio doloso abiertas por las fiscalías de los estados, “sólo en 51 mil casos pudieron identificar formalmente un sospechoso”, lo que equivale a 17% de las carpetas de investigación abiertas.  

Tras describir algunas de los hallazgos principales, Gobebertus insistió en que detrás de la impunidad también está el modelo de seguridad militarizada que se ha mantenido en México desde el gobierno de Felipe Calderón, así como en la reciente política de “abrazos y no balazos” de la administración de Andrés Manuel López Obrador.  

La militarización “no ha redundado en mayores garantías de seguridad, no ha reducido los niveles de homicidios, no ha reducido los niveles de desapariciones, no ha reducido los niveles de secuestro ni de extorsiones”, sino que por el contrario “eso ha generado inmensos abusos que organizaciones de derechos humanos locales e internacionales incluyéndonos hemos podido documentar”. 

Apuntó que el aumento de la presencia militar y la elección de jueces es el resultado de “ese mal diagnóstico”, pero que hasta ahora no ha resuelto la crisis de violencia que ha colocado a México en uno de los países con mayores índices de homicidio en el mundo. 

“Si la presidenta (Claudia) Sheinbaum quiere realmente como ha señalado en principio a partir de la propia experiencia de Ciudad de México avanzar en capacidades de investigación, en capacidades de inteligencia, lo último que ha debido hacer es apoyar las reformas constitucionales de militarización y de reforma al poder judicial”, consideró Goebertus.  

Tras lamentar que la presidenta sigue apoyando la herencia de su antecesor, la directora de Human Rights Watch evaluó que la mandataria mexicana “sigue repitiendo los errores del gobierno de López Obraador,  me temo que no va a resolver ese problema y que va a continuar ahondando en este tipo de violaciones a derechos humanos”.

Un caso emblemático

Durante la presentación del informe, Pascuala López López rindió su testimonio como un caso emblemático de la impunidad que rodea a los casos de homicidio y cómo los familiares de las víctimas y testigos son puestos en riesgo por la falta de actuación de las fiscalías, quedando bajo sospecha la complicidad entre autoridades y delincuentes.

Pascuala es originaria del ejido el Pinar y madre de un joven que fue asesinado en 2021 por miembros del grupo criminal conocido como “Los motonetos”, al resistirse a ser reclutado.

Por denunciar los hechos, Pascuala fue agredida en 2022, su casa incendiada en 2023 y su esposo Mario Gómez López, fue detenido, acusado de “atentado contra la paz”, en enero de 2025. Además, los testigos del asesinato de su hijo, han sido asesinados y otros más amenazados para evitar que declaren en contra de quienes perpetraron el crimen.  

“Mi delito ha sido buscar justicia, pero mientras esté viva seguiré buscando la justicia para mi hijo  y la libertad de mi esposo”, dijo Pascuala quien cuenta con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

El caso de Pascuala fue incluido en el informe de HRW “Doble Injusticia”, como un caso emblemático de la falta de protección de los testigos y familiares de las víctimas, quienes sufren a menudo represalias por buscar justicias.  

Otras de las deficiencias identificadas en la investigación de la organización es la saturación de trabajo de investigadores, fiscales y peritos, ante la falta de personal, para enfrentar las investigaciones de homicidios; burocratismo excesivo en la coordinación de las investigaciones y el intercambio de información, lo que retrasa la investigación; la prevalencia de “incentivos perversos y prácticas de investigación anticuadas que fomentan la construcción de casos sobre pruebas y testimonios débiles, alterados, fabricados u obtenidos mediante amenazas o tortura”, así como débiles mecanismos de supervisión y seguimiento de las denuncias de corrupción y abusos de funcionarios adscritos a  las fiscalías.  

Con información de: Proceso