Vidas en el limbo: Consecuencias de las políticas migratorias de Trump en la frontera con México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Amnistía Internacional concluyó que el derecho al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México es inexistente, en violación a las obligaciones nacionales e internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos. La organización ha expuesto sus conclusiones en un nuevo informe publicado hoy que documenta el trato recibido por personas migrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos entrevistadas entre el 3 y el 9 de febrero.

"Estas alarmantes conclusiones se derivan de las acciones ejecutivas de la administración Trump y de la creciente militarización de la frontera por parte del gobierno mexicano", destacó la organización.

El informe Vidas en el limbo: Las devastadoras consecuencias de las políticas de Trump sobre migración y asilo expone la demolición total del derecho de asilo por el gobierno estadunidense en la frontera entre Estados Unidos y México, que no deja ninguna vía para que las personas migrantes y solicitantes de asilo sigan el proceso legal. De conformidad con la legislación de Estados Unidos sobre inmigración, las personas que buscan asilo deben solicitarlo en un punto de entrada.

En las conclusiones de su investigación, la organización afirma que, aunque el uso obligatorio de la aplicación informática CBP One para solicitar asilo era ilícito, poner fin a su uso ha dejado a decenas de miles de personas atrapadas en México sin un lugar al que ir; incluso niños y niñas no acompañados están atrapados y no tienen forma de buscar seguridad.

Sin las citas de CPB One, la gente está atrapada en una situación de riesgo y precariedad en el lado sur de la frontera, que es especialmente peligroso para las personas solicitantes de asilo mexicanas. Amnistía Internacional entrevistó a decenas de personas que sufren las consecuencias de ese cambio en las políticas de fronteras, y el informe ofrece sus testimonios.

Además de ordenar el despliegue específico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por todo el país, la administración Trump ha desmantelado el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, ha anulado derechos consagrados en la Constitución estadunidense —como la ciudadanía por nacimiento— y ha anunciado otras medidas cimentadas en el racismo y la supremacía blanca.

“La administración Trump ha convertido la frontera de México y Estados Unidos en una zona abiertamente hostil para los derechos humanos y muestra un desprecio absoluto por la humanidad y la dignidad de las personas en movimiento”, ha declarado Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos. “El derecho a solicitar asilo simplemente no existe en la frontera, y las personas en situación de vulnerabilidad están atrapadas junto con las organizaciones que trabajan allí —que a su vez ahora pueden ser objeto de represalias y criminalización a manos del gobierno estadounidense— y que luchan por evitar un desastre humanitario aún mayor”, refiere el documento. 

En México, el gobierno envió a la frontera a 10 mil miembros del ejército, lo que ha alimentado el clima de miedo entre las personas migrantes y solicitantes de asilo y ha dado lugar a detenciones y deportaciones masivas.

“El hecho de que ahora resulte imposible pedir asilo en la frontera entre Estados Unidos y México deja a las personas mexicanas en una situación de especial riesgo”, ha afirmado Mónica Oehler Toca, investigadora de Amnistía Internacional. “A diferencia de las personas de otras nacionalidades, ellas huyen de la persecución en México y ahora no tienen manera de pedir protección internacional en Estados Unidos”.

Amnistía Internacional sigue pidiendo a Estados Unidos que adopte urgentemente soluciones que se ajusten a sus obligaciones en materia de derechos humanos y que abandone el juego de la política y deje de utilizar la vida de la gente para fomentar el miedo y facilitar la adopción de medidas fronterizas y migratorias cada vez más draconianas que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, medidas que fomentan la violencia contra las comunidades negras, indígenas y otras personas racializadas y que exacerban la disfuncionalidad de un sistema de inmigración ya de por sí problemático.

La organización también pide al gobierno mexicano que deje de colaborar con las nocivas políticas de Estados Unidos sobre inmigración y que aplique de inmediato medidas para garantizar la seguridad y protección de las personas solicitantes de asilo en tránsito por México.

Con información de: Proceso.