MORELIA, Mich. (apro).- El Consejo Empresarial de Uruapan exigió que se esclarezca la muerte del estudiante Luis Alberto D.V., de nacionalidad estadounidense, quien fue secuestrado la mañana del miércoles al llegar a su escuela y más tarde perdió la vida en medio de un fuego cruzado, generado por el enfrentamiento entre sus plagiarios y elementos de las fuerzas federales y estatales que pretendían rescatarlo.
A través de un comunicado, el organismo que aglutina a representantes de cámaras empresariales y de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate, entre otros, expresó su “profunda indignación y pesar ante los lamentables sucesos” ocurridos el 19 de febrero, día en que además del deceso del adolescente de 16 años, también fueron localizados los cuerpos decapitados de una pareja y el cadáver de un hombre, en diferentes puntos del municipio.
Dirigido a la sociedad de Uruapan, a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los medios de comunicación, el documento señala que estos hechos “han conmovido y enardecido” a la población de esa ciudad y “son una llamada de atención urgente sobre la crisis de seguridad que enfrentamos. Es inaceptable que la violencia siga arrebatando vidas y generando temor en nuestras calles”.
El organismo empresarial exigió a las autoridades acciones para garantizar la seguridad ciudadana, entre ellas “la implementación y cumplimiento riguroso de protocolos de actuación en persecuciones, enfrentamientos y manejo de situaciones de alto riesgo”, así como “una evaluación inmediata sobre la preparación y capacitación de los elementos de seguridad pública, garantizando que sus acciones prioricen la protección de la ciudadanía”.
En el caso del estudiante fallecido los empresarios solicitaron “transparencia total en la investigación de los hechos, incluyendo peritajes que aclaren con certeza el origen del disparo que privó de la vida al joven”.
Por su parte, en declaraciones realizadas este jueves, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, defendió a los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que participaron en el operativo al afirmar que su actuación “fue eficaz”, pues ante la activación del código rojo se desplazaron a atender la emergencia y dieron con el paradero del estudiante.
“El código rojo —comentó el mandatario— funcionó en el sentido de que se dio persecución y alcance a los delincuentes; desafortunadamente murió el joven y también uno de los secuestradores”.
Ramírez Bedolla dijo que fue una situación compleja, pero que después de los hechos la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación e inició las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
Mientras tanto, en su pronunciamiento, el Consejo Empresarial de Uruapan demandó también reforzar la inteligencia y prevención del delito, para evitar que eventos como la muerte del estudiante se repitan, y pidió la obtención de resultados tangibles y medibles en la disminución de los delitos violentos en la región, con indicadores claros y revisiones periódicas.
A su vez, la organización se comprometió a colaborar con las autoridades en la construcción de estrategias de seguridad más eficaces y sostenibles, fomentar el diálogo y el trabajo conjunto con los gobiernos estatal y municipal para fortalecer la seguridad pública, impulsar estrategias que no sólo reaccionen ante los delitos, sino que también atiendan las causas de la inseguridad y promover la participación ciudadana en la denuncia y prevención del delito.
“La seguridad es una responsabilidad del Estado, quien debe garantizar la paz y el bienestar de sus ciudadanos. Como sociedad, podemos y queremos contribuir apoyando estrategias que fortalezcan la justicia y el orden, pero exigimos que las autoridades cumplan con su obligación fundamental de protegernos”, puntualizó.
Con información de: Proceso