Nepotismo y una actuación sospechosa de un asesor de magistrado, detecta la ASF en el TEPJF
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que investigue y sancione a una persona contratada como asesor de un magistrado de 2022 a 2023, y que luego fue empleada por una empresa que recibió contratos de ese tribunal.
En su revisión a la Cuenta Pública 2023, la Auditoría pidió al Órgano Interno de Control del TEPJF realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo contra una persona, cuyo nombre no reveló, que estuvo en la ponencia de un magistrado del 16 de octubre de 2022 al 14 de octubre de 2023, y que en febrero de 2024, cuatro meses después de haber dejado el cargo en el Tribunal, fue nombrada comisario en la empresa NCS Construcciones, S.A. de C.V., la cual obtuvo dos contratos en 2023 para realizar trabajos de obra en las Salas Regionales de Guadalajara y Xalapa, por un total de 3 millones 382 mil pesos.
La Auditoría pidió investigar también las posibles irregularidades en que incurrió la empresa al haber contratado al servidor público que durante el año previo estuvo adscrito a ese Tribunal, ya que pudo poseer información privilegiada que directamente adquirió con motivo de su empleo.
El primer contrato que obtuvo NCS Construcciones, S.A. de C.V. fue por un millón 642 mil pesos para trabajos de mantenimiento mayor de cantera del edificio de la Sala Regional Guadalajara. El segundo por un millón 739 mil pesos para trabajos de nivelación y rehabilitación de pisos en la Sala Regional Xalapa.
La ASF estableció que si bien el área administrativa del Tribunal revisó que la empresa no se encontrara bajo conflicto de interés como refiere el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no tomó en cuenta que contrató al exfuncionario apenas cuatro meses después de dejar el cargo.
Un caso de nepotismo
En la misma fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación realizó un análisis de la nóminas y con la revisión de 144 expedientes de personal, constató que tres trabajadores proporcionaron sus servicios en áreas administrativas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las que también se encuentran adscritos tres de sus hermanos sin que se presentara alguna justificación.
Por ello, pidió al Órgano Interno de Control que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo contra los servidores públicos que autorizaron la contratación de tres prestadores de servicios.
En la auditoría 2264, se revisaron 2 mil 986.9 millones de pesos del presupuesto del Tribunal, y se determinaron observaciones por 249 millones de pesos pendientes por aclarar.
Entre otras cosas por la adquisición de 770 equipos de cómputo, de los cuales se determinaron inconsistencias en la elaboración del presupuesto base, ya que dos empresas cotizaron los equipos con un costo de entre 48.8 y 66.8% mayor que el que propusieron durante el procedimiento de licitación pública.
Con información de Latinus
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¿Quiénes son los beneficiarios?
En redes sociales se comenta y hay polémica por el informe de la Auditoría Superior de la Federación, que ha detectado infinidad de irregularidades en la Cuenta Pública 2023, del Gobierno Federal.
Uno de los aspectos que llama la atención es el apartado de las becas Benito Juárez, en el que por lo pronto, se dijo que se encontró un monto de 374 mil 500 pesos que se entregaron a 106 estudiantes, lo que no es nada extraño, salvo que estas personas ya habían fallecido, según lo expresó el analista Juan Ortiz.
Y no esto no es todo, pues también no se encontró evidencia por pagos efectuados por un monto de 731.4 millones de pesos, sin que existan beneficiarios identificados o bien, se haya aclarado el destino de estos recursos.
Por cierto, según comentan usuarios de redes sociales, esto hizo recordar la denuncia pública que hizo el fallecido ex secretario de Hacienda y Crédito Público de Amlo, Carlos Urzúa, en la que señaló que 600 mil personas fantasmas, cobraban pensión del Bienestar. Así, por lo pronto, el resultado de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, según señalan.
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