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Regreso de “El Mayo” traería crisis diplomática con EU

Un análisis del Gabinete de Seguridad federal sugiere no solicitar la repatriación del capo Ismael “El Mayo” Zambada García, ya que se corre el riesgo de generar una crisis diplomática con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien puede tomar represalias contra México en materias económica y de seguridad.  

El reporte sugiere implementar una estrategia diplomática prudente, con extrema cautela, y advierte que un reclamo enérgico puede prestarse a la interpretación de que nuestro país protege a líderes del narcotráfico, lo que afectaría la relación bilateral y provocaría que las agencias de seguridad estadounidenses intensifiquen operativos contra el cártel de Sinaloa, generando más violencia en México. Por ello, estima que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite al vecino país del norte, a través de una nota diplomática, información de la captura y traslado a Texas del líder de la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa, sin adoptar una postura que pueda interpretarse como una defensa del capo.

Además, plantea brindarle la protección consular mínima requerida por tratados internacionales, sin promover activamente su retorno a México, ya que esto generaría un enfrentamiento diplomático con el republicano Trump, quien también puede endurecer su postura en temas como control de armas, extradiciones, inteligencia y financiamiento en seguridad. 

Asimismo, se propone que la Cancillería gestione ante las autoridades estadounidenses que no se aplique la pena de muerte a Zambada García, esto no en su defensa, sino en congruencia con la política exterior de México, que rechaza la pena capital en cualquier caso. Indica que la Fiscalía General de la República -que el próximo martes se pronunciará sobre la solicitud de repatriación de “El Mayo”-, ante el temor de que le apliquen la pena de muerte, podría abrir una investigación interna en la que explore si su traslado constituye un delito en México, pero sin politizar el caso ni comprometer la relación diplomática con Estados Unidos. 

De igual forma, establece que debe coordinarse con el Departamento de Justicia para asegurarse que el proceso penal que se lleva a cabo en la Unión Americana contra el capo Ismael “El Mayo” Zambada García se apegue a derecho, sin pedir su nulidad ni repatriación, pues esto resultaría contraproducente para la cooperación bilateral. 

Alerta que cualquier intento de frenar su proceso judicial en la Corte de Nueva York sería visto como un acto de encubrimiento y puede traer represalias diplomáticas y económicas, como la imposición de más aranceles a México. 

Por último, sugiere a los funcionarios de la Presidencia de la República y del Gabinete de Seguridad evitar posturas que puedan interpretarse como defensa de un capo del narcotráfico, y mantener el canal de diálogo con la DEA, FBI y el Departamento de Justicia, que han trabajado en el caso de Zambada García por años, para evitar tensiones. 

En el análisis advierte que cualquier movimiento o pronunciamiento del Gobierno de México sobre este caso puede ser percibido por Estados Unidos como una falta de compromiso en la lucha contra el crimen organizado, y cualquier acción al respecto podría interpretarse como que México protege a líderes del narcotráfico, afectando así la confianza entre ambos países. Resalta que Estados Unidos puede cuestionar el compromiso de México en la lucha contra el narcotráfico y presionar para que haya cambios en la estrategia de seguridad, además del riesgo de sanciones económicas, restricciones en acuerdos de seguridad e inteligencia y un posible aumento de solicitudes de extradición de otros líderes criminales, con menos margen de maniobra para México. 

De acuerdo con el análisis consultado, México no debe arriesgar acuerdos clave en seguridad, comercio y migración por el caso del capo “El Mayo” Zambada, sino que debe actuar de manera prudente y cautelosa para evitar tensiones diplomáticas y la percepción de México en el Congreso de Estados Unidos, que podría derivar en legislaciones más duras contra el tráfico de drogas y lavado de dinero. Y sentencia: “Exigir repatriación y nulidad del proceso traería costos diplomáticos y afectaría la cooperación con Estados Unidos en seguridad y extradiciones”. 

Recién trasladado a Estados Unidos, Ismael “El Mayo” Zambada García rechazó tener contacto con el Consulado General de México en Nueva York, debido al “estado de shock y confusión” en el que se encontraba por lo que le sucedió en julio del año pasado. Así lo admitió el capo sinaloense en la carta que envió a la representación diplomática mexicana en dicha ciudad, en la que ahora sí solicita asistencia consular y repatriación ante el temor de que se le aplique la pena de muerte en Estados Unidos. 

En la misma, Zambada García acusó que su traslado al vecino país del norte se trató de un secuestro transfronterizo mediante “coacción física y engaños” por un particular mexicano. Sin cumplir ninguno de los procedimientos legales. 

Por ello, afirmó que su repatriación a México no es opcional y el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe intervenir “a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América e incluso tengo conocimiento de que existe una carpeta de investigación en la cual tengo el carácter de víctima, específicamente en actos relacionados con la privación de la libertad de la que fui objeto”.

 

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¿Quiénes son los beneficiarios?

En redes sociales se comenta y hay polémica por el informe de la Auditoría Superior de la Federación, que ha detectado infinidad de irregularidades en la Cuenta Pública 2023, del Gobierno Federal.

Uno de los aspectos que llama la atención es el apartado de las becas Benito Juárez, en el que por lo pronto, se dijo que se encontró un monto de 374 mil 500 pesos que se entregaron a 106 estudiantes, lo que no es nada extraño, salvo que estas personas ya habían fallecido, según lo expresó el analista Juan Ortiz.

Y no esto no es todo, pues también no se encontró evidencia por pagos efectuados por un monto  de 731.4 millones de pesos, sin que existan beneficiarios identificados o bien, se haya aclarado el destino de estos recursos.

Por cierto, según comentan usuarios de redes sociales, esto hizo recordar la denuncia pública que hizo el fallecido ex secretario de Hacienda y Crédito Público de Amlo, Carlos Urzúa, en la que señaló que 600 mil personas fantasmas, cobraban pensión del Bienestar. Así, por lo pronto, el resultado de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, según señalan.

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