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Impulsan reforma para prohibir circulación de vehículos de carga con doble remolque en las vías públicas

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (Morena) propuso adicionar la Ley General de Protección Civil para establecer la prohibición de la circulación de unidades de autotransporte de carga, específicamente camiones remolque, tractocamiones semirremolque-remolque y tractocamiones semirremolque-semirremolque, que se consideren de alto riesgo para la seguridad de la población.

 La modificación al artículo 7 de ese ordenamiento agrega que corresponde al Ejecutivo Federal coordinar acciones entre las autoridades de Protección Civil y la Guardia Nacional para implementar medidas preventivas que salvaguarden la vida de las personas en las vías públicas.

Plantea que la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional, desarrollará un programa de monitoreo y evaluación de rutas y horarios para identificar las áreas de mayor riesgo, y de esta forma ajustar las restricciones necesarias para minimizar peligros y salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos.

También, se implementarán campañas de concientización y educación en la comunidad sobre la importancia de las normas de seguridad vial y la colaboración de todos los actores en la protección civil.

El documento, turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, considera que la colaboración con la Guardia Nacional es clave para implementar medidas efectivas en la regulación del tránsito de vehículos pesados, ya que tiene la capacidad de llevar a cabo operaciones de monitoreo y control en tiempo real, lo que permite una intervención oportuna en situaciones de riesgo.

Menciona que en México el aumento de la circulación de vehículos de carga ha generado un crecimiento preocupante de accidentes viales, lo que afecta gravemente la seguridad de los ciudadanos en las carreteras.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, los vehículos de carga pesada son responsables de alrededor del 14 por ciento de los accidentes fatales en las carreteras, indica. 

Aclara que la prohibición de los doble y doble semirremolques, no implicaría un freno al desarrollo del transporte de mercancías. Hay alternativas viables, como el uso de vehículos más pequeños y eficientes, que pueden realizar el mismo trabajo sin los riesgos asociados a los vehículos de gran tamaño.

 La iniciativa refiere que en muchos países del mundo está prohibida la circulación de tráileres de doble remolque, por ser altamente peligrosos. Además, el transporte de carga está sujeto a estricta regulación, que incluye límites al peso de carga, sanciones millonarias a infractores y penas de prisión, como es el caso de Gran Bretaña, Canadá, Francia y Alemania.

Ante ello, indica, la reforma propuesta es una medida urgente y necesaria para salvaguardar el derecho a la vida de las personas en México, pues coadyuvaría a prevenir tragedias y asegurar un entorno más seguro para todos los usuarios de las vías públicas.

“Estas reformas son un paso fundamental hacia la construcción de un entorno vial más seguro y responsable, en el que podamos transitar sin temor por nuestras vías públicas”, puntualiza.

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¿Quiénes son los beneficiarios?

En redes sociales se comenta y hay polémica por el informe de la Auditoría Superior de la Federación, que ha detectado infinidad de irregularidades en la Cuenta Pública 2023, del Gobierno Federal.

Uno de los aspectos que llama la atención es el apartado de las becas Benito Juárez, en el que por lo pronto, se dijo que se encontró un monto de 374 mil 500 pesos que se entregaron a 106 estudiantes, lo que no es nada extraño, salvo que estas personas ya habían fallecido, según lo expresó el analista Juan Ortiz.

Y no esto no es todo, pues también no se encontró evidencia por pagos efectuados por un monto  de 731.4 millones de pesos, sin que existan beneficiarios identificados o bien, se haya aclarado el destino de estos recursos.

Por cierto, según comentan usuarios de redes sociales, esto hizo recordar la denuncia pública que hizo el fallecido ex secretario de Hacienda y Crédito Público de Amlo, Carlos Urzúa, en la que señaló que 600 mil personas fantasmas, cobraban pensión del Bienestar. Así, por lo pronto, el resultado de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, según señalan.

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