Nueva estrategia de seguridad de Sheinbaum, parecida a la de Calderón: expertos

La extradición de 29 capos mexicanos de la droga a Estados Unidos el jueves pasado constituye un “punto de quiebre” definitivo de la presidenta Claudia Sheinbaum con la política de seguridad de “abrazos, no balazos” de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, plantean expertos en crimen organizado consultados por Proceso.

El coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, Armando Vargas, señala que si bien las extradiciones responden “en buena medida” a las presiones del mandatario estadunidense Donald Trump sobre Sheinbaum, varias acciones —los operativos contra grupos criminales, el aumento de capturas y los megadecomisos de droga— ya indicaban que los “abrazos, no balazos” pasaron a la historia.

La extradición masiva de capos, asegura Vargas, “termina de redondear” la nueva estrategia de seguridad de Sheinbaum que es, en los hechos, un viraje radical respecto a la tolerancia frente al crimen organizado que caracterizó a López Obrador.

“El colofón de todo esto va a ser la entrega de narcopolíticos al gobierno de Estados Unidos”, considera el experto en seguridad y crimen organizado.

La misma presidenta Sheinbaum se había encargado de evidenciar en las últimas semanas, con datos duros, el fin de la política de “abrazos, no balazos” que le heredó su antecesor, la cual se tradujo en una drástica caída de las capturas de delincuentes y de los operativos contra los cárteles de la droga.

Los reportes de seguridad en las mañanera dan cuenta de que en los primeros cuatro meses del gobierno de Sheinbaum las detenciones de “objetivos de alto valor” se han duplicado con relación con los últimos cuatro meses del sexenio de López Obrador (junio-septiembre de 2024), mientras que los decomisos de fentanilo han crecido 600% entre un periodo y otro.

Y según un estudio comparativo de México Evalúa, durante los primeros 100 días de gobierno de Sheinbaum los operativos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional contra grupos criminales aumentaron 596% con relación a los primeros 100 días del sexenio de López Obrador.

Además, los decomisos de droga pasaron de 33 kilos a 665 toneladas en los periodos comparados, es decir, se multiplicaron por 20 mil, mientras que los enfrentamientos entre organizaciones delictivas y fuerzas del orden se duplicaron.

Fracaso de la estrategia obradorista

Estos datos evidencian que “sí hay un viraje muy sustancial en la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum frente a la de López Obrador”, señala Armando Vargas.

Este viraje, indica el especialista en regímenes criminales, implica, en los hechos, la confirmación del “fracaso” de la política obradorista de “abrazos, no balazos”, y está sintonizado con la necesidad de la presidenta de desmarcarse de su antecesor a partir de una mejor gestión del fenómeno de inseguridad que golpea a México.

De acuerdo con Vargas, el combate al crimen organizado se fortaleció desde la llegada de Sheinbaum a la presidencia, el pasado 1 de octubre, pero, además, se intensificó desde la juramentación de Donald Trump como mandatario de Estados Unidos, el 20 de enero anterior, y desde que declaró a los cárteles mexicanos de la droga “organizaciones terroristas”.

Este tipo de decisiones del nuevo mandatario estadunidense y sus continuas amenazas de imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos que importa su país han llevado a Sheinbaum a querer mostrar más resultados en materia de combate al crimen organizado.

Y esto es particularmente notable en los decomisos de fentanilo y en el desmantelamiento de laboratorios para procesar drogas sintéticas, que se dispararon en el arranque de este sexenio en comparación con el de López Obrador.

Por ejemplo, entre el pasado 1 de octubre y este lunes 24 de febrero, el gobierno de Sheinbaum había decomisado mil 260 kilos y 1.3 millones de pastillas de fentanilo, casi tanto como el promedio anual de aseguramientos de ese opioide sintético durante el sexenio de López Obrador, mientras que los decomisos de cocaína crecieron 150 por ciento.

Más similitudes con Calderón

La iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), que ubica a México como el país sin guerra más violento y peligroso del mundo, también ha detectado un cambio en la estrategia de seguridad de Sheinbaum y un combate frontal a los grupos del crimen organizado.

Sandra Pellegrini, la analista principal de ACLED para América Latina y el Caribe, señala que el notable incremento de operativos contra el crimen en el arranque del sexenio de Sheinbaum refleja un cambio en la estrategia de seguridad e intenta subrayar el compromiso de la presidenta con la lucha antidrogas.

Para la experta en violencia política y dinámicas del crimen organizado en la región, el sistema de monitoreo de ACLED indica un crecimiento constante de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados ilegales en México, lo que es particularmente notable en Sinaloa, Michoacán y Sonora.

Dice que también se observa el aseguramiento de grandes cantidades de droga y la destrucción de laboratorios clandestinos y de equipos técnicos para procesar drogas sintéticas como metanfetamina y fentanilo, en volúmenes que no se registraron con López Obrador.

“Evidentemente estas acciones no son bien recibidas por el crimen organizado y esto ha provocado un incremento en los choques entre fuerzas de seguridad y grupos armados no estatales”, dice Pellegrini.

La especialista en crimen organizado sostiene que las presiones de Trump podrían intensificar aún más los niveles de enfrentamiento que ahora se observan entre militares y guardias nacionales con grupos delictivos.

Esas presiones, señala, ya han tenido un impacto en las decisiones en materia de seguridad del gobierno de México, como el despliegue, a principios de febrero, de 10 mil efectivos de la Guardia Nacional para reforzar la lucha contra el tráfico de drogas y contener la migración.

“Creemos que la presidenta buscará demostrar más resultados con golpes contra activos estratégicos de los grupos del crimen organizado, lo que podría provocar un aumento de los enfrentamientos con las fuerzas del orden”, asegura.

En ese objetivo de demostrar resultados en la lucha contra los cárteles de la droga se inscribe la extradición masiva del pasado jueves, que incluyó a Rafael Caro Quintero, capo señalado como principal responsable del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, ocurrido en Guadalajara en 1985; a Vicente Carillo Fuentes, y a jefes de Los Zetas y el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

Entre las 29 extradiciones del jueves y las 11 de la semana anterior, el gobierno de Sheinbaum entregó a Estados Unidos, en sólo dos semanas, a 40 presuntos narcotraficantes, cifra que equivale al 80 por ciento de los 51 que extraditó cada año de su sexenio, en promedio, López Obrador.

Según datos de la ONG Elementa DDHH, Vicente Fox extraditó en promedio a 40 capos cada año durante su gobierno; Felipe Calderón a 102 y Enrique Peña Nieto a 70.

El coordinador del Programa de Seguridad del centro de pensamiento México Evalúa, Armando Vargas, señala que la política de seguridad de Sheinbaum no sólo se diferencia de la de López Obrador, sino que es “muy parecida” a la Calderón, quien declaró una guerra contra el narcotráfico en 2007, aunque sin tener fuerzas de seguridad preparadas para esa tarea.

El fracaso de los “abrazos”

Vargas considera que más allá de las presiones de Trump existía una necesidad de dejar atrás la política obradorista de “abrazos, no balazos”, cuyo balance es “negativo”, y enfrentar con más contundencia y eficacia al crimen organizado.

López Obrador “dejó un país más violento del que recibió en 2018, sobre todo en lo que se refiere al empoderamiento de los grupos criminales a nivel de los territorios locales”, y además hay evidencia “de un crecimiento exponencial de los regímenes criminales”, que son los territorios donde los delincuentes establecen las reglas del juego a nivel político, económico y social.

La violencia político criminal incrementó prácticamente 300% entre 2018 y 2024, asegura, y el anterior presidente le heredó a Sheinbaum “menos capacidades institucionales en materia de seguridad, sobre todo a nivel local”.

Señala que lo que ocurrió en los hechos, con López Obrador, fue un repliegue de las Fuerzas Armadas, que asumieron la función de contener la violencia sin enfrentar directamente a los grupos criminales.

Vargas indica que esa apuesta falló, porque ni siquiera sirvió para reducir la violencia.

Por el contrario, con López Obrador los homicidios dolosos crecieron 24.9% con relación al gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 61% con respecto al de Felipe Calderón (2006-2012), el responsable de la fallida guerra contra el narcotráfico que desató la ola de violencia que aún golpea a México y en cuyo sexenio los asesinatos se duplicaron.

Sandra Pellegrini, analista principal de ACLED para América Latina y el Caribe, señala que en el sexenio anterior se observó una baja en las interacciones violentas entre fuerzas de seguridad y grupos armados no estatales, lo que podría estar relacionada con la estrategia de seguridad obradorista de no confrontar directamente a las organizaciones criminales.

Pero en 2024 se registró un aumento de la violencia contra los civiles, en particular en el desarrollo de las campañas proselitistas para las elecciones generales de junio pasado, y de desapariciones, que llegaron a 13 mil 499 el año anterior, una cifra sin precedentes.

De acuerdo con Pellegrini, a pesar de los recientes golpes del gobierno de Sheinbaum al crimen organizado, aún es muy pronto para determinar si la nueva estrategia logrará reducir la gobernanza criminal en varias regiones de México.

Sobre las potenciales acciones militares unilaterales por parte de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos tras haberlos declarado “organizaciones terroristas”, la experta en seguridad y conflictos señala que éstas recrudecerían la violencia en México y, eventualmente, producirían una mayor fragmentación de los grupos criminales.

“Sinaloa es un buen ejemplo de ello y un recrudecimiento de la violencia tendría implicaciones políticas preocupantes”, asegura.

Con información de proceso.com.mx