Cristino Castro defensor de la tierra y el territorio de Barra de la Cruz, municipio de Santiago Astata Tehuantepec, Oaxaca, fue asesinado el 28 de febrero por dos personas en motocicleta.
La información fue confirmada por Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (Cedhapi).
En un comunicado, el Centro detalló que alrededor de las 18:00 horas Castro Perea de 63 años estaba en el quiosco de la comunidad de Barra de la Cruz, cuando dos personas que iban a bordo de una motocicleta le realizaron varios disparos de arma de fuego y le quitaron la vida.
Por su labor como defensor de la tierra y el territorio, en 2023 fue incorporado al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por estar en una situación de riesgo.
Por los hechos, el Centro de Derechos Humanos exigió que se inicie una carpeta de investigación y haya sanción para sus agresores, además de que solicitaron al gobierno estatal y federal se realicen las acciones necesarias tendientes a garantizar la vida e integridad física de los miembros del colectivo de defensores ambientalistas de Barra de la Cruz.
Respecto del activismo de Cristino Castro en Oaxaca, el Cedhapi detalló que en 2013, un grupo de personas intentó apoderarse de varios terrenos a orilla de la playa de una extensión aproximada de 24 hectáreas, estas personas estaban presuntamente financiadas por grupos de poder económico y político de la región de la costa con el objeto de lotificar y vender a empresarios hoteleros.
“El 16 de febrero del 2022, un grupo liderado por personas ajenas a la comunidad de Barra de la Cruz, llegaron con máquinas realizando la destrucción de manglares en el paraje conocido como “el nanche” a pesar de que el día 28 de marzo del 2021, en asamblea general de San Isidro Chicalapa acordaron de respetar a las comunidades”.
Tras los hechos, el 29 de diciembre del 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró área natural protegida con la categoría de santuario el sitio Barra de la Cruz, Playa Grande, ubicado en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, por lo que no estaría justificada ninguna intromisión en la zona.
Cuatro de cada cinco asesinatos de defensores de derechos humanos ocurrieron en Latinoamérica en 2023. Así lo indica el reciente informe de la organización Front Line Defenders que reporta 300 casos, de los cuales 237 tuvieron lugar en Latinoamérica, principalmente en Colombia, México, Brasil y Honduras. Estas cifras confirman una vez más que América Latina es la región más violenta para los defensores sociales, ambientales y de derechos humanos.
El caso que llama más la atención, como lo ha reportado también en los últimos años Global Witness, es el de Colombia, considerando que concentra casi la mitad de los asesinatos en 2023, un total de 142 víctimas. El informe coloca a México en el segundo lugar con 30 defensores, seguido de Brasil con 24 y Honduras que sumó 19 casos. A ellos le siguen Nicaragua, Guatemala, Perú, Ecuador, El Salvador y Paraguay por el número de víctimas mortales reportadas.
Los expertos consultados señalaron que entre algunos de los factores clave que permiten esta ola de violencia en la región están la impunidad detrás de los crímenes, sumado a la presencia de grupos armados ilegales y la corrupción de las autoridades.
Front Line Defenders resalta, además, que la violencia en el mundo afectó sobre todo a los defensores sociales y ambientales de los pueblos indígenas.
En el caso de México, los lugares más críticos son “el centro, sur y sureste”, en particular, en los estados de México, Morelos, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y que los liderazgos indígenas son los más amenazados en el país, por oponerse a “los responsables de la depredación de los recursos naturales”.
Nataniel Hernández Núñez, coordinador de Protección en la organización social mexicana Red TDT, dice que los principales responsables de la violencia en México son los “grupos de la delincuencia organizada, así mismo contribuyen a la problemática los intentos por llevar a cabo despojos y explotación en diversos territorios para la utilización de bienes naturales”.
Enfatiza en que las zonas con megaproyectos, movilidad humana (migración) y militarización son las más afectadas y que las comunidades que enfrentan mayores riesgos son las indígenas y las rurales. Además, señala que el Ejecutivo federal tiene responsabilidad en la estigmatización de los liderazgos en México.
Con información de Mongabay, periodismo ambiental independiente en Latinoamérica
Con información de: Animal Político.