Con Ovarios lleva iniciativa para legislar violencia obstétrica a Cámara de Diputados

Luego de agruparse tras ser víctimas de violencia obstétrica e impulsar la búsqueda de justicia en sus casos, el colectivo Con Ovarios presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para legislar sobre este tipo de agresiones. 

La propuesta plantea incorporar el delito de violencia ginecobstétrica en la Ley General de Salud bajo la definición de que lo comete “el personal médico, paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud, que realice de manera culposa o dolosa cualquiera de las siguientes conductas en perjuicio de mujeres o personas gestantes”, asienta el documento. 

Entre ellas, se incluye no atender o brindar atención oportuna durante el embarazo, parto, puerperio o emergencias obstétricas; alterar el proceso natural del parto a través del uso de técnicas de aceleración sin consentimiento previo, informado, libre y expreso; obligar a parir en inmovilización o alguna posición determinada; dar un trato deshumanizado o ejercer maltrato psicológico; compartir información médica sin consentimiento; realizar intervenciones quirúrgicas o episiotomías innecesarias; imponer o colocar algún método anticonceptivo sin consentimiento, o negar o limitar el acceso a expedientes clínicos. 

“A quien realice cualquiera de las conductas señaladas se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de hasta trescientos días de Unidad de Medida y Actualización vigente. Además de las penas señaladas, se le impondrá destitución e inhabilitación, hasta por dos años, para ejercer la profesión”, establece el documento. 

Aunado a ello, las sanciones establecidas aumentan hasta en una mitad cuando el método de anticoncepción impuesto sea permanente o las conductas pongan en riesgo de perder la funcionalidad de algún órgano, y hasta dos terceras partes cuando alguna de esas acciones causen la muerte de la mujer o del recién nacido. Con independencia de que el servicio médico sea prestado por particulares o servidores públicos, la investigación será competencia del Ministerio Público Federal. 

Las mujeres agrupadas en el colectivo Con Ovarios, acompañadas de la diputada federal María Teresa Ealy, quien suscribió la iniciativa para presentarla ante la Cámara de Diputados, hicieron énfasis en su agradecimiento por quienes les permitieron alzar la voz y apoyaron la propuesta para erradicar la violencia ginecobstétrica.

“Nosotras en Con Ovarios, todas víctimas de violencia ginecobstétrica, nos prometimos que no íbamos a parar hasta hacer justicia y realmente hacer un cambio en este país. Todas estamos convencidas que no queremos que ninguna otra mujer sufra lo que nosotras sufrimos, y mucho menos con los niños. Como nosotras decimos en la colectiva: con las mujeres no, con los bebés menos”, apuntó Liora, integrante del colectivo.

Vía legal para buscar justicia

Tras vivir ese tipo de violencia con el mismo médico, en 2023 decenas de mujeres dieron vida a Con Ovarios para encontrar una vía legal para buscar justicia, difundir información y a la larga generar propuestas legislativas. Esos fueron sus tres objetivos desde que la agrupación nació, lo cual, desde su perspectiva, significó una transformación personal de denunciantes a activistas. 

Yulieba Gómez Islas, del despacho Nassar Nassar, que las representa, agradeció presentar la iniciativa entre mujeres fuertes que han luchado incansablemente para que sus voces sean escuchadas, y recordó que la violencia ginecobstétrica no debe ser entendida como una violencia de género aislada, sino como una transgresión directa al derecho a la salud, según se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales de los que México forma parte. 

“El hecho de poder agregar este tipo penal de violencia ginecobstétrica dentro de la Ley General de Salud es no solamente dejar la obligación a los legisladores de visibilizar este delito, sino unir fuerzas con la Secretaría de Salud y los demás poderes para que esto no solamente sea sancionado, sino también se logre prevenir y erradicar estas conductas. Esto es algo que nos compete a todos: la violencia ginecobstétrica afecta directamente el derecho a la salud, pero además el derecho a la familia, derechos reproductivos, entre otros”, añadió Gómez Islas. 

En su planteamiento, la iniciativa recupera que en México, de las 3.7 millones de mujeres a las que se les realizaron cesáreas, el 10.3% no fue informada sobre la razón y al 9.7% no se le pidió autorización para llevarla a cabo. Además, de acuerdo con datos recabados por el INEGI, el 33.4% de las mujeres que se convirtieron en madres vivieron algún tipo de maltrato durante el procedimiento médico, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Animal Político ha documentado la dificultad y falta de instancias para denunciar las violencias y negligencias médicas: las víctimas que recurren a demandas civiles o denuncias penales terminan enfrentándose a procesos revictimizantes y de más de 10 años; instancias gubernamentales, como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, son inoperantes, y a los doctores les basta cambiar de hospital, sin recibir sanciones, mientras los órganos colegiados niegan la existencia de violencias específicas. 

Sin embargo, actualmente este medio está impedido de detallar el caso que motivó el nacimiento del colectivo Con Ovarios, que involucra a un ginecobstetra prófugo de la justicia, debido a que una jueza le ordenó, en respuesta a un juicio civil promovido por el médico, no realizar más publicaciones al respecto bajo el argumento de que, según ella, atacan su dignidad, honor y reputación, y la documentación de los testimonios de las víctimas le generan escarnio y desprestigio público. 

Con información de: Animal Político.