CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una jueza de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra los cuatro exfuncionarios de la administración Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, quienes fueron detenidos el 1 de marzo por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos.
Se trata de Carlos Maldonado Mendoza, ex Secretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de la misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, ex Secretario de Seguridad.
De acuerdo con N+, después de una audiencia de 18 horas la jueza, Patricia Sánchez Nava, determinó que Elizabeth Villegas Pineda fuera trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que Carlos Maldonado Mendoza será enviado al mismo penal, en el área varonil, debido a que su defensa argumentó que sufre problemas de salud.
En tanto, Mario Delgado Murillo y Antonio Bernal Bustamante permanecerán internados en el Reclusorio Oriente.
Los abogados defensores de los cuatro señalados solicitaron la duplicidad del término constitucional y la autoridad judicial determinó que la próxima audiencia se celebrará el jueves 6 de marzo, para establecer si serán o no vinculados a proceso.
La imputación fue formulada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual argumentó que los mencionados, junto con Silvano Aureoles, son presuntos responsables de causar el desvío de recursos del Gobierno Federal y de Michoacán, por más de 3 mil 412 millones de pesos, al beneficial a una empresa inmobiliaria “DIP” con contratos para la renta de espacios de siete cuarteles para la Policía Preventiva del estado.
Dicha empresa también habría recibido contratos por adjudicación directa y servicios de limpieza.
La imputación formulada por la FGR indicó que el ex gobernador autorizó en abril de 2020 la adquisición de siete inmuebles a la inmobiliaria DIP, los cuales se pagaron con un sobreprecio que afectó al Gobierno Federal y local, ya que los recursos provenían de los recursos asignados a cada entidad federativa.
El portal del diario Reforma compartió una lista de los costos que implicó la adquisición de las propiedades. La de Apatzingán, por ejemplo, tuvo un costo por escrituras de 210 millones 562 mil pesos, un costo total de 244 millones 552 mil pesos y un sobreprecio de 76 millones 948 mil pesos.
Con información de Proceso.