La Semarnat reclama a panel del T-MEC por denuncias ambientalistas

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso). - El gobierno federal recriminó a la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), organismo derivado del T-MEC, que diera entrada a una queja interpuesta por organizaciones ambientalistas que denunciaron el incumplimiento de la normatividad en la materia en la construcción del megaproyecto ferroviario del tren de Sonora, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y solicitó que sea desestimada, pues, aseguró, la obra cumple las normas y, además, fortalecerá la relación comercial entre México y Estados Unidos. 
Mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio respuesta a una solicitud de reporte que le requirió el Secretariado de la Comisión al admitir la queja, que fue presentada por las organizaciones civiles Defensa Ambiental del Noroeste, con sede en México, y el Centro para la Diversidad Biológica, establecida en Estados Unidos.
Basados sobre opiniones de organismos como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el gobierno federal afirma que “los impactos que pudieran ocasionarse por el desarrollo de la obra no se consideraron graves o irreparables” y que en la autorización definitiva que se otorgó se establecieron medidas de mitigación y compensación en materia ambiental.
En este informe la Semarnat también reveló que algunas de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), que según la queja de las organizaciones están en riesgo por la realización del proyecto ferroviario, ya no tienen esa certificación, pues ésta fue cancelada, de acuerdo con la propia Conanp, por lo que la obra ya no tendría que regularse por el régimen de protección para este tipo de reservas. 
“Los peticionarios señalaron que el proyecto impactaba un ANP. Sin embargo, se ha demostrado que dicha afirmación es incorrecta, toda vez que las zonas que podían verse afectadas por el trazo del Proyecto Ferroviario dejaron de contar con la categoría de ADVC (áreas de conservación voluntaria), conforme a la solicitud de cancelación anticipada de los certificados correspondientes”, expone el informe entregado por la Semarnat al CCA.
Esa cancelación fue confirmada por la Dirección Regional Noreste y Alto Golfo de California, una de las nueve direcciones administrativas de la Conanp para el manejo de las áreas naturales protegidas del país, por lo cual, se afirma, “las disposiciones aplicables a éstas no tienen relevancia en la petición que nos ocupa”.
Para el gobierno mexicano, “el Secretariado (de la CCA) admitió indebidamente la petición” para revisar el cumplimiento de las normas ambientales del proyecto. 
Una petición es un documento presentado por escrito ante el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental, en el que se asevera que Canadá, México o Estados Unidos están incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental.
Este “error”, dijo el gobierno mexicano, “afecta la certeza y el equilibrio del mecanismo de peticiones” porque permite que se admitan casos que desde su punto de vista incumplen con los requisitos, “lo que genera un precedente contrario a la legalidad, poniendo en riesgo la validez” de este mecanismo trilateral, expuso.

El gobierno de la 4T justificó el haber iniciado la obra con una “autorización provisional” ambiental no prevista en las leyes en la materia –uno de los motivos de la queja interpuesta por organizaciones civiles contra el proyecto– con base en el acuerdo del expresidente Andrés Manuel López Obrador que declaró “de interés público y seguridad nacional, así como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional” obras de infraestructura en su gobierno.
Con este acuerdo, López Obrador dio luz verde para que proyectos como el Tren Maya y otros que fueron emblema de su administración iniciaran sin tener que esperar las manifestaciones de impacto ambiental y otras licencias y permisos requeridos.
El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2021. Aunque posteriormente fue motivo de una controversia constitucional y fue declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 18 de mayo de 2023, se consideró válido para la autorización provisional en el caso del proyecto ferroviario de Sonora, que se otorgó el 12 de mayo de ese mismo año, apenas unos días antes de la resolución de la Corte.
De esta manera, mientras era vigente la autorización provisional -por el plazo de un año-, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora (SIDUR) tramitó la autorización definitiva, misma que fue otorgada por la Semarnat después de hacer una revisión física y documental en la que, según aseguró, no se detectaron afectaciones o posibles impactos severos por el proyecto.
Incluso, en la respuesta a la CCA el gobierno mexicano resalta que la autorización provisional “permitió garantizar la ejecución oportuna del proyecto dentro del marco legal”, y que a fin de cuentas se logró cumplir con los requisitos ambientales exigidos. 
“El actuar de las autoridades competentes ha sido transparente, diligente y apegado a los principios de legalidad y buena fe que rigen estos procedimientos”, asegura la Semarnat, como autoridad observada, en su respuesta al organismo ambiental derivado del T-MEC.

Justificaciones

La Comisión inició a principios de noviembre último un proceso al admitir una queja de Defensa Ambiental del Noroeste y del Centro para la Diversidad Biológica, para revisar el proyecto denominado “Reubicación de las vías férreas de Nogales, Sonora”.

Además de señalar las omisiones en la aplicación de la legislación en la materia, ambas organizaciones advirtieron que el proyecto tendrá un efecto devastador sobre ecosistemas de alto valor ambiental y especies protegidas, particularmente en la zona conocida como Islas del Cielo Madrenses, “la cual alberga una gran diversidad de fauna y flora única en esa zona”.
Mencionaron que el trazo ferroviario divide el corredor migratorio Sierra Azul-El Pinito, a la altura del valle de Cocóspera, lo que tendría como efecto la reducción del hábitat de diversas especies animales, como el oso negro, el ocelote y el jaguar, lo mismo que a la tortuga pecho quebrado de Sonora, especie endémica, entre otras. 
Y describieron impactos en el polígono de Aribabi, donde está delimitada un Área Natural Protegida, afectaciones que ocurrirían tanto del lado mexicano como en territorio estadunidense. 
La Comisión para la Cooperación Ambiental admitió la queja y solicitó al gobierno mexicano presentar un informe sobre la misma, a más tardar el 2 de enero último. Sin embargo, el gobierno de la 4T pidió una prórroga de un mes para cumplir con el reporte, mismo que finalmente se recibió el 7 de febrero.
En éste, la Semarnat argumentó que las organizaciones civiles peticionarias recurrieron a esta instancia para expresar su inconformidad con el proyecto ferroviario mediante la figura de una denuncia popular, mecanismo que “no es
el medio adecuado” para acreditar que se comunicó dicha inconformidad.
La dependencia federal también señaló que cuando las organizaciones interpusieron la queja ante la CCA, se llevaba ya un proceso administrativo en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, “lo que confirma que la autoridad mexicana ya estaba atendiendo la cuestión por los cauces institucionales correspondientes”.

Y añade que, al obtener finalmente la autorización definitiva en materia de impacto ambiental (MIA), en ésta se incluyeron medidas específicas de prevención, compensación y restauración ambiental, las cuales no detalló en el informe.
El gobierno mexicano aseguró que está aplicando la legislación ambiental y que esto no solamente cumple los estándares nacionales, sino “una visión compartida” con América del Norte.
“Actualmente, gran parte del comercio México-EE. UU., depende del transporte por carretera, lo que genera altas emisiones de CO2 y una fuerte dependencia del diésel. La modernización ferroviaria permitirá migrar una parte significativa de estas operaciones a un sistema más eficiente y menos contaminante”, se asegura en la respuesta, a cargo de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Semarnat.
La dependencia afirmó que, con este proyecto, del que organizaciones y vecinos reclaman la falta de información, servirá para mejorar la conectividad, reducir costos logísticos, optimizar las cadenas de suministro y contribuirá “a un comercio más sostenible” para cumplir con el T-MEC en materia de protección al medio ambiente.
La Comisión para la Cooperación Ambiental tendrá que valorar el reporte del gobierno mexicano y determinar si recomienda o no que se abra un expediente de hechos.

Con información de proceso.com.mx