Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, señaló que al asumir el cargo, tras la gestión de Silvano Aureoles, había múltiples afectaciones a las finanzas del estado, entre ellas las presuntas inconsistencias relacionadas con las construcción de cuarteles policiales y por las que cuatro de sus excolaboradores fueron detenidos en días recientes y se les dictó prisión preventiva.
“Se había generado un desorden inmenso en las finanzas del estado de Michoacán. Estábamos en quiebra técnica, teníamos un desastre financiero”, señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.
De acuerdo con el mandatario, en el gobierno estatal había una presunta operación, “que le llamaban la licuadora”, para desviar todos los recursos federales que llegaban, estuvieran etiquetados o no.
Como ejemplos, mencionó Bedolla, están los recursos para salud o para la nómina magisterial que fueron presuntamente desviados al arrendamiento o construcción de cuarteles de la Guardia Nacional a sobreprecio.
“Por un cuartel más o menos se pagó casi mil millones de pesos, lo cual es totalmente ilógico, fuera de la realidad. Un cuartel de la Guardia Nacional no llega a costar más de 200 millones”, señaló.
El gobernador dijo que si bien la investigación es por cuestiones financieras y tiene que ver con un presunto fraude o desvío, también podrían constituir delitos en materia de seguridad pública ya que la “serie de acciones ilegales” está relacionada con la renta y la construcción de los cuarteles.
En días recientes fueron detenidos Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas; Elizabeth Villegas Pineda, exdirectora de Catastro, y José Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública, y se les dictó prisión preventiva por su presunta participación en diversos delitos.
Por su parte, el exgobernador Silvano Aureoles se encuentra prófugo y ya hay una orden de aprehensión en su contra.
Al ser cuestionada sobre las investigaciones en contra de Aureoles y sus exfuncionarios, la presidenta Claudia Sheinbuam descartó que se trate de “un asunto del gobierno federal ni del gabinete”, sino que es un asunto que la Fiscalía General de la República investiga tras una denuncia presentada hace años.
Con información de: Animal Político.