CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles en Michoacán de ocasionar un desfalco de más de 3 mil millones de pesos a la entidad, el exmandatario fue mencionado como quien ordenó las operaciones que ocasionaron dicho daño.
Ayer, durante 18 horas la jueza Patricia Sánchez Nava adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente escuchó la imputación de la FGR contra Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Michoacán; Mario Delgado Murillo; exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia y Antonio Bernal Bustamante exsecretario de Seguridad.
Los cuatro fueron imputados por peculado, lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación delictuosa que ocasionaron un desfalco de 3 mil 412 millones 164 mil 310 pesos al estado de Michoacán durante la administración de Silvano Aureoles.
En el esquema descrito por la FGR, Aureoles Conejo fue señalado de ser quien ordenó las operaciones de compra a sobreprecio de siete terrenos en los que se encontraban cuarteles de la Policía Preventiva del estado.
De acuerdo con el detalle dado a conocer por la FGR en la diligencia, entre 2015 y 2021 el gobierno de Michoacán benefició directamente a Inmobiliaria DIP con contratos de arrendamiento, de servicios y finalmente compraventas a sobreprecio.
Dicha empresa recibió por adjudicación directa contratos de renta de siete inmuebles para colocar ahí los cuarteles de la Policía Preventiva de Michoacán.
Ello, pese a que Inmobiliaria DIP fue creada en 2015, poco tiempo antes de recibir los contratos con el gobierno de Aureoles, con un capital de 50 mil pesos. Los inmuebles se encuentran en Apatzingán, Coacolmán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Luego de obtener el contrato para la renta de los mismos, Inmobiliaria DIP obtuvo otros contratos para realizar los servicios de mantenimiento y limpieza en los mismos siete cuarteles de la policía. La FGR afirmó a la jueza que cuenta con pruebas, facturas, contratos y declaraciones que acreditan la celebración de dichos contratos.
Hasta que en abril de 2020 el exgobernador Aureoles autorizó la compra de los siete cuarteles a la empresa con un sobreprecio, por lo que el fiscal encargado del caso indicó que el exfuncionario ya está siendo investigado por estos hechos.
La FGR detalló que el valor catastral de los inmuebles es mucho menor al precio al que fueron adquiridos por el gobierno de Michoacán.
En el caso del cuartel de Apatzingán, el valor es de 210 millones de pesos y fue adquirido con un sobreprecio de 76 millones de pesos; el de Coalcomán valía 216 millones de pesos y el sobreprecio fue de 116 millones de pesos.
El cuartel de Huetamo valía, según las escrituras, 128 millones de pesos y fue adquirido con un sobreprecio de 37 millones; el de Jiquilpan valía 212 millones y el sobreprecio fue calculado en 90 millones; el de Lázaro valía 294 millones de pesos y el gobierno michoacano pagó 163 millones de pesos más.
Finalmente, el cuartel de Uruapan tiene un valor catastral de 268 millones de pesos, aunque fue adquirido a un sobreprecio por 63 millones y el de Zitácuaro valía 220 millones, pero el pago de la administración de Aureoles excedió por 103 millones de pesos.
Sin embargo, la FGR no precisó si dichas operaciones beneficiaron a los imputados o a algún otro investigado, como el exgobernador de Michoacán.
Con información de: Proceso.