Guerrero, lejos de ser “santuario para las mujeres” ante falta de acciones contra la violencia de género

A mediados de febrero de 2025, Josefina y María se presentaron a las oficinas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan por ayuda legal.

Josefina y María no son sus nombres reales, pero así las llamaremos. Ellas no se conocen ni son amigas, pero comparten una historia atroz.

Las dos acudieron a la organización por la violencia de género de la que fueron víctimas. Semanas atrás Josefina recibió cinco balazos del hombre con quien estaba casada. A María, su pareja sentimental casi la mata con un machete.

Josefina es del municipio de Acatepec y María de de Cochoapa El Grande, en la Montaña de Guerrero; las dos son sobrevivientes de intento de feminicidio.

En los dos casos, el Ministerio Público no inició carpetas de investigación por tentativa en grado de feminicidio sino por lesiones.

A pesar del riesgo en el que viven estas mujeres, las autoridades tampoco implementaron medidas de protección.

Como estos casos, todas las semanas llegan otros más a Tlachinollan.

Otras formas de violencia contra las mujeres en Guerrero

La abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, afirma que en lo que va del gobierno de Evelyn Salgado Pineda, en todo Guerrero y, en especial, en la Montaña, están lejos de ser “un santuario para las mujeres” y que vivan libres de violencia, pese al compromiso hecho por la mandataria en 2022.

En octubre de 2021, el caso de Angélica, una adolescente de 15 años encarcelada durante 11 días por la Policía Comunitaria de Dos Ríos, en Cochoapa El Grande, con el propósito de presionar a sus padres para devolver el dinero recibido por su venta, tras huir de un matrimonio forzado, volvió a visibilizar en la opinión pública el problema que estos conllevan. 

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El 10 de noviembre en Tlapa, a días de haber tomado protesta, Salgado Pineda lanzó una estrategia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes de la Montaña y Costa Chica.

A pesar de ello, a finales de noviembre de 2021, se supo que Anayeli, de 13 años,fue encarcelada en la comunidad de Joya Real, Cochoapa El Grande, por huir de su casa luego de que su familia había acordado su casamiento con un joven desconocido.

Debido a una denuncia anónima, Tlachinollan intervino y Anayeli fue liberada.

Arias Vitinio asegura que cuando las autoridades municipales y estatales intentaron reintegrar a sus comunidades a Anayeli y Angélica, los vecinos se opusieron y las señalaron por dar a conocer la violencia que viven las mujeres en sus pueblos. Prácticamente fueron rechazadas y expulsadas de sus localidades.

La abogada asegura que, a más de tres años del anuncio de la estrategia en la Montaña y Costa Chica, nada cambió para las niñas y las mujeres.

Cientos de ellas siguen sin denunciar las violencias que viven diariamente, por miedo, por impunidad, porque hay pocos casos en los que haya justicia y castigo a los violentadores.

¿Por qué la estrategia de atención interinstitucional de la violencia contra las mujeres no es efectiva?

Arias Vitinio responde: cuando Salgado Pineda echó andar el programa para erradicar los matrimonios forzados no tomó en cuenta la opinión de las mujeres, las niñas, ni consultó a las lideresas comunitarias de la región.

Expone que ninguna dependencia tocó de fondo el problema estructural que viven las comunidades indígenas.

Es decir, que las propias comunidades y sus autoridades comunitarias y municipales consienten, promueven, fomentan y avalan estas prácticas de compra de niñas y la violencia que desencadena.

Las niñas en la Montaña siguen siendo negociadas a cambio de dinero.

¿Qué pasa si alguna se revela al matrimonio forzado?

Arias Vitinio argumenta que si la niña ya no quiere seguir viviendo en la casa de su marido porque la obligaron a casarse, los suegros exigen que devuelvan el dinero de la fiesta o el que pidieron los padres.

Aunado a ello, las niñas sufren violencia doméstica en sus nuevos hogares por sus parejas o por los suegros. Son sometidas a cargar con tareas domésticas como lavar la ropa de toda la familia, hacer de comer para todos, trabajar en los campos agrícolas y obligadas a una maternidad a temprana edad.

La consecuencia: se corta con miles de proyectos de vida.

“Las niñas de comunidades indígenas también tienen sueños”, resalta Vitinio.

Es así que las menores quedan expuestas, vulneradas. Muchas veces, imposibilitadas de volver a casa, porque los padres no lo permiten al saber que se van a meter en problemas.

Actualmente, los casos que atiende Tlachinollan son de mujeres que decidieron abandonar sus matrimonios forzados, pero los maridos o las familias enteras les impiden ver a sus hijos: ”cuando era niña llegó sin nada y con nada se va a ir”.

La única consecuencia de la estrategia lanzada por el gobierno estatal es que haya arreglos clandestinos y bodas no tan públicas.

El problema de fondo en la Montaña, insiste la abogada, es la falta de maestros y escuelas, la falta de becas educativas, el pésimo sistema de salud, la decadente infraestructura carretera y los nulos protocolos de atención a las menores rescatadas de un matrimonio forzado.

Acciones contra la violencia a mujeres en Guerrero son aisladas

De acuerdo con Marina Reyna Aguilar, directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, los matrimonios forzados son un problema cultural y no se cambiarán de un día para otro.

Para ella es necesario el trabajo con las personas y sus necesidades: “Hay que entender que lo hacen pensando en necesidades en este caso, un intercambio de las niñas o adolescentes por una dote”.

¿Cómo prevenirlo? Reyna Aguilar responde que desde todos los medios e instituciones que educan: la familia, la escuela, la religión y los medios de comunicación.

Para la activista, hasta el momento los programas lanzados contra la violencia hacia la mujer son acciones aisladas no coordinadas, como el Transporte Violeta.

“De qué me sirve que una combi o un taxi tenga el logotipo, tenga la letra si no hay acciones muy concretas, eso es para justificar una acción que se está haciendo, pero no nada más es una unidad, se necesita en todas las unidades”.

Pero el fenómeno que más le preocupa a la activista, quien monitorea en los medios de comunicación la violencia contra las mujeres es que en Guerrero las zonas de silencio están reduciendo los espacios de información.

Además, hay otro problema.

“Casi todos (los medios de comunicación) tienen convenios, en esos convenios también hay acuerdos de qué información sacar, qué no sacar y bueno, la violencia contra las mujeres es muy poca la que sale ya“.

“Me he dado cuenta que no sé si hay algún acuerdo con los algunos medios de que ya no saquen información de ese tipo, ¿por qué? Porque no les conviene tampoco”, dice la activista.

–¿Qué impacto tiene que no se informe de feminicidios y agresiones contra la mujer en los medios de comunicación?

–Abona a la impunidad, abona a que se invisibilice la violencia contra las mujeres y que puedan decir con mayor argumento que la violencia contra las mujeres va a la baja.

En 2017 y 2020, Guerrero recibió alertas de género por violencia feminicida y por agravio comparado.

Reyna Aguilar sostiene que en la alerta por violencia feminicida el estado no ha cumplido ninguna medida.

Los matrimonios forzados y la violencia feminicida están más relacionados de lo que pensamos.

Basta recordar el caso en 2024 de una joven de la comunidad de La Barca, en Cochoapa El Grande, quien se resistió a ser vendida. El hombre que pagó a sus padres por ella, la asesinó.

Con información de: Animal Político.