La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se declaró incompetente desde febrero para conocer de un procedimiento promovido por Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el "Z-40", para evitar su extradición a Estados Unidos.
El pasado 4 de febrero, el máximo tribunal aseguró que no tiene facultades para declarar la inaplicación de ciertas tesis jurisprudenciales y, así, detener su proceso de extradición a territorio estadounidense.
"Esta SCJN carece de atribuciones conforme a lo previsto en el marco normativo que las regula para actuar en el sentido que se pretende", se señaló en el acuerdo de fecha 4 de febrero y que fue publicado apenas este lunes.
El "Z-40" enfrentaba dos procesos de extradición, pues era requerido por el gobierno de Estados Unidos para ser procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Texas por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero, posesión y distribución de drogas.
El pasado 27 de febrero, Treviño Morales fue entregado a las autoridades del país vecino para enfrentar los cargos señalados, junto a otros 28 narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, Omar Treviño Morales, Antonio Oceguera Cervantes y Vicente Carrillo Fuentes.
En su solicitud a la Suprema Corte, el miembro de Los Zetas afirmó que el sistema penitenciario de Estados Unidos es incompatible con la Constitución mexicana, pues se permite la prisión vitalicia que está prohibida —dijo— en los artículos primero, 18 y 22 de la Carta Magna de México.
"Solicita que no se conceda la extradición con el fin de salvaguardar sus derechos humanos", se lee en el resumen de la petición de Treviño Morales.
El pasado 20 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó que el juzgado primero de distrito en materia penal del Estado de México entregara información sobre las "causas de dilación en el proceso de extradición" para dar respuesta a la embajada de Estados Unidos.
Al respecto, el juzgado federal informó que se encontraba en trámite al menos nueve amparos promovidos por Treviño Morales en contra de su extradición.
La Suprema Corte se ha pronunciado por la inconstitucionalidad de la pena de prisión vitalicia en diciembre de 2024 y enero de este año.
En el primer caso, se invalidó un artículo del Código Penal de Chihuahua que establecía esa pena para castigar homicidios múltiples, mientras que el segundo caso se trató de un artículo del Código Penal mexiquense que castigaba con prisión vitalicia los crímenes de odio.
Con información de Latinus