AP.- Una Corte Suprema profundamente dividida rechazó el miércoles un intento del gobierno de Trump de reprender a un juez federal que impuso un plazo rápido para liberar miles de millones de dólares en ayuda exterior.
Por una votación de cinco a cuatro, la Corte le dijo al juez de distrito estadounidense Amir Ali que aclarara su orden anterior que requería que la administración republicana liberara casi 2 mil millones de dólares en ayuda para el trabajo que ya se había realizado.
Aunque el resultado es una pérdida a corto plazo para la administración del presidente Donald Trump, las organizaciones sin fines de lucro y las empresas que presentaron la demanda siguen esperando el dinero que dicen que se les debe. Una de las organizaciones se vio obligada la semana pasada a despedir a 110 empleados como resultado, según documentos judiciales.
El juez Samuel Alito encabezó la disidencia de cuatro jueces conservadores, que afirmaron que Ali carece de autoridad para ordenar los pagos.
Alito escribió que está sorprendido de que la Corte esté recompensando “un acto de arrogancia judicial e imponiendo una multa de 2 mil millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses”.
La acción del tribunal deja vigente la orden de restricción temporal de Ali que había suspendido el congelamiento del gasto. Ali celebrará una audiencia el jueves para considerar una pausa más duradera.
La mayoría señaló que la administración no había impugnado la orden inicial de Ali, sino sólo el plazo, que en cualquier caso venció la semana pasada.
El tribunal le ordenó a Ali que “aclare qué obligaciones debe cumplir el gobierno para garantizar el cumplimiento de la orden de restricción temporal, teniendo debidamente en cuenta la viabilidad de cualquier plazo de cumplimiento”.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett, dos conservadores, se unieron a los tres jueces liberales para formar una mayoría.
Los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh se unieron a la disidencia de Alito.
La administración de Trunp ha argumentado que la situación ha cambiado porque ha reemplazado un congelamiento general del gasto con determinaciones individualizadas que llevaron a la cancelación de 5 mil 800 contratos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y otras 4 mil100 subvenciones del Departamento de Estado por un total de casi 60 mil millones de dólares en ayuda.
Con información de Latinus