MORELIA, Mich. (apro).- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su apoyo al juez federal Rubén García Mateos, quien la semana anterior resolvió la no vinculación a proceso de Jesús R. “El Chuy”, señalado por instancias gubernamentales como presunto operador del narcotráfico en la región de Zacapu.
Mediante un pronunciamiento, la organización rechazó enérgicamente los “ataques mediáticos” de autoridades de Michoacán contra el juez por considerar que esas declaraciones “son una clara intromisión en la independencia judicial y un ataque a la integridad del Poder Judicial de la Federación”.
Tras la decisión que puso en libertad a El Chuy, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, calificó la resolución como “un acto desmedido de irresponsabilidad por parte del Poder Judicial”, mientras que el secretario general de Gobierno anunció que el gobierno estatal interpondría una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.
El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró que la determinación del juez refleja “las fallas y corrupción dentro del sistema judicial federal (…); es terrible, no sigamos tapando a los jueces que son corruptos”.
Frente a los anteriores señalamientos, la Jufed sostuvo que la decisión del juez García Mateos fue tomada “con base en las pruebas existentes, que desmintieron la versión de los hechos aportada por la Fiscalía y la Guardia Civil del Estado”.
La organización consideró inadmisible que se viertan acusaciones de corrupción a una persona juzgadora federal sin presentar las pruebas conducentes. “La falta de transparencia y la ausencia de evidencia para sustentar estas acusaciones son un claro intento de desacreditar la labor del juez y del Poder Judicial de la Federación en su conjunto”, advirtió.
Además, dijo, “es importante destacar que existen recursos legales a través de los cuales las autoridades pueden impugnar la decisión del juzgador. La mediatización de la decisión del juez es un intento de presionar y condicionar la labor judicial, lo que es inaceptable en un Estado de derecho”.
Por lo tanto, la Jufed exigió a las autoridades del estado de Michoacán que respeten la autonomía del Poder Judicial y se abstengan de realizar declaraciones que puedan afectar la reputación y la integridad de las personas juzgadoras, además de que anunció que se mantendrá vigilante para garantizar que se respeten los principios del Estado de derecho
“Es fundamental recordar que la independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho, y cualquier ataque a ella debe ser repudiado”, puntualizó.
Con información de: Proceso.