Publican lista con casi 500 indicios hallados en rancho de Teuchitlán; incluyen fotografías de prendas, mochilas y bolsos

La Fiscalía de Jalisco compartió la lista de los indicios que han sido hallados hasta ahora en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, el que se presume era empleado como un presunto “campo de reclutamiento y exterminio” del crimen organizado. 

La lista se compone de 495 indicios que van desde pantalones, playeras, suéteres, camisas, bermudas, bolsos y mochilas. Cada uno se acompaña de una breve descripción que incluye color, marca y talla, así como un enlace a la fotografía del objeto referido. 

Si bien el propósito de este documento es que las familias involucradas puedan tener alguna pista de la presencia de sus seres queridos en ese lugar, la Fiscalía estatal advierte que el hallazgo de estas evidencias, en ningún caso implica la “confirmación de la identidad o la condición actual de posibles víctimas”. 

Al respecto, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, informó que por el momento se lleva a cabo un análisis forense “detallado y minucioso” para poder determinar la procedencia de estos objetos, así como de los restos óseos hallados en cuatro espacios del predio. 

Además de las prendas y mochilas, se ha reportado la presencia de medicamentos, analgésicos y artículos de higiene personal que están siendo clasificados y ordenados por el personal que se encuentra en la zona. 

En tanto, el trabajo pericial continúa para determinar la antigüedad exacta de los restos humanos, así como su posible identificación.

La lista puede consultarse a través del siguiente enlace o en las plataformas tanto de la Fiscalía de Jalisco como de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas. 

El hallazgo 

Las autoridades del estado iniciaron las labores de búsqueda en el sitio luego de que el pasado 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo de al menos tres hornos crematorios clandestinos, así como de segmentos óseos calcinados en el lugar.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, el rancho Izaguirre fue cateado previamente, el 18 de septiembre de 2024, por elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, en ese entonces sólo se reportó la localización de dos personas privadas de la libertad y de un cadáver cubierto con plástico. Diez personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por estos hechos. 

El cateo tuvo lugar durante la administración del gobernador Enrique Alfaro, periodo en el que las desapariciones se triplicaron en la entidad, pasando de poco más de 5 mil 800 antes de su gobierno, a más de 15 mil tras su salida.

Testimonios de sobrevivientes recuperados por colectivos de familias de personas desaparecidas en Jalisco, apuntan a asesinatos, tortura y desapariciones forzadas cometidos en ese espacio al menos desde 2018. De acuerdo con los mismos, este centro subsistía gracias a la colusión con autoridades.

La zona de Teuchitlán donde se encuentra el predio está controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que se presume que este grupo criminal pudo utilizarlo como un centro de explotación laboral de personas que capta a través de falsas ofertas de empleo y luego las cita en terminales de autobuses para privarlas de la libertad.

El presidente municipal de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago, asegura que no tenía información de este rancho y ha pedido que se lleve a cabo una investigación “desde arriba”.

Al respecto, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció en días recientes que sí atraerán la investigación, pero antes de hacerlo indagarán la actuación de autoridades locales y estatales, ya que a su parecer “no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida” por las mismas.

Por su parte, especialistas en el tema consideran que no hay una respuesta de las autoridades que corresponda al nivel de la crisis humanitaria que enfrenta México, un país donde hay casi 124 mil personas desaparecidas, sin localizar, y más de 72 mil cuerpos sin identificar.

La Fiscalía de Jalisco, ahora bajo la administración de Pablo Lemus, ha asegurado que los trabajos de búsqueda que se llevaron a cabo en el rancho tras el primer cateo fueron “insuficientes”, a pesar de haber contado con la participación de más de 10 personas y con el apoyo de una retroexcavadora, así como de binomios caninos.

Ante ello, inició una investigación para determinar posibles omisiones de cualquier autoridad responsable y fincar responsabilidades. También ha expresado su disposición a compartir toda la información que requiera el gobierno federal y se ha comprometido a continuar con las investigaciones para descartar la presencia de más restos.

Con información de: Animal político.