Una delegación de 12 mujeres líderes representantes de organizaciones de migrantes se reunieron en la Ciudad de México para intercambiar experiencias y formular estrategias para hacer frente a las políticas migratorias de deportación que han adoptado Estados Unidos y México.
En conferencia de prensa, organizada por el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), las activistas apuntaron que, desde lo individual, las organizaciones que representan brindan acompañamientos, asesorías y orientaciones que reconocen los diversos contextos en la migración; sin embargo, subrayaron que es importante “un llamado a la acción que se haga como comunidad” frente a las injusticias y dificultades que enfrentan las personas en situación de movilidad.
“Especialmente ahora hay una nube negra sobre nosotras y toda la población migrante, las cosas están más difíciles y las leyes se están cambiando, los derechos están desapareciendo, por eso tenemos que ser valientes y sostener que vamos a ejercer nuestros derechos”, expresó Claudia Cortés, originaria de Ciudad Obregón, Sonora.
En enero pasado, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la implementación del programa ‘México te abraza’, que consiste en una serie de apoyos y programas sociales para las y los mexicanos que sean deportados de Estados Unidos, entre ellos una tarjeta con 2 mil pesos para gastos personales.
Acerca de esta estrategia, Rossy Antúnez, integrante del IMUMI, planteó que dicho programa no es una política pública y no presenta estrategias que tengan un impacto en la vida de las personas que sean deportadas o retornen voluntariamente a México, “lo que han hecho es aglomerar a las instituciones para que les brinden atención, y se enfocan en la zona de la frontera”, pese a que hay más personas en esa situación en otras regiones del país.
“Muchas personas van a intentar regresar a sus comunidades de origen, sin embargo, las condiciones no están para que puedan reintegrarse, por el tema del crimen organizado y la falta de oportunidades laborales; en distintas ciudades hay población deportada en situación de calle, sufriendo consecuencias de salud mental, separación familiar y falta de acceso a educación y vivienda, lo que impacta a ellos y a sus familias que se quedan en Estados Unidos”, lamentó.
Por ello, hizo un llamado al gobierno de México para que brinde atención con “una visión más amplia de acceso a los derechos de las personas deportadas, principalmente hacia las mujeres, pensando en los procesos de integración y las necesidades jurídicas transnacionales que tienen”.
Además, recordó que desde enero pasado el IMUMI envió una carta a la presidenta Sheinbaum para exigir protección de las personas en movilidad humana en ambos lados de la frontera con los Estados Unidos, pero no ha recibido respuesta.
“No hemos recibido respuesta por parte de su gabinete, porque nosotros hicimos una solicitud de tener una mesa de trabajo con ella para trabajar las distintas demandas que necesitamos que sean atendidas”, dijo.
Entre las demandas del IMUMI está el que se fortalezca la protección consular en los Estados Unidos, especialmente con programas de representación jurídica; contar con una política de retorno seguro y digno; garantizar protección de unidades familiares de migrantes y solicitantes de asilo político y evitar colaborar con el gobierno estadounidense en la expulsión de personas hacia México.
Claudia Cortés expuso que, en el caso de la organización donde ella trabaja, en Ohio, Estados Unidos, apoya a campesinos en la lucha de sus derechos laborales, como servicios médicos, acceso a comida y mejores oportunidades “para poder salir del círculo de la pobreza”.
Librada Paz, oaxaqueña que actualmente radica en Nueva York, señaló que mantendrá sus labores de apoyo como intérprete lingüística para quienes no dominan el inglés –y a veces tampoco el español– por ser personas indígenas, para evitar que se comentan abusos en su contra en el marco de las actividades agrícolas en las que trabajan en Estados Unidos.
“Hay mucho que hacer, tenemos que empoderar a la gente que se va de México para que sepan sus derechos y no tengan que enfrentar abusos”, apuntó.
En el caso de las personas migrantes que no son mexicanas, Laura Isabel –de origen colombiano– explicó que organizaciones como “Caminantes”, ubicada en Guadalajara, cuentan con servicios de acompañamiento, asesorías, talleres y forman una red de apoyo para las mujeres latinoamericanas que, en su camino rumbo a los Estados Unidos, han terminado en México.
“Cuando una persona migra se enfrenta a la falta de redes de apoyo y de información clara sobre los procesos de integración, incluso viven discriminación por estereotipos relacionados con nuestras nacionalidades, por ello necesitamos hablar sobre esas vulnerabilidades y la capacidad de agencia que tenemos, lo que podemos aportar también a esta comunidad”, agregó Laura.
Para continuar con la conformación de una agenda conjunta y la propuesta de acciones desde las distintas organizaciones sociales, las activistas anunciaron que mantendrán el diálogo e informarán sobre el avance de estas conversaciones.
Con información de: Animal político.