Teuchitlán y la reforma judicial local: los flancos abiertos que complican al gobernador Pablo Lemus en Jalisco

Al escándalo por el centro de exterminio en el rancho Izaguirre se sumó el hecho de que el plazo para que se aprobara la reforma judicial presentada por el mandatarios estatal venció el 15 de marzo sin que se lograra un consenso en el Congreso de Jalisco

Las últimas dos semanas para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se complicó tras el hallazgo de un crematorio clandestino en el municipio de Teuchitlán donde se encontraron cientos de pares de zapatos y restos humanos, así como la falta de apoyo de Movimiento Ciudadano en el Congreso local para aprobar su reforma judicial. 

Durante su campaña para la gubernatura, Lemus se comprometió a dar seguimiento y apoyo a todas las familias de víctimas de desaparecidos y después como gobernador electo, en una visita a Lagos de Moreno, afirmó que ya como jefe de Ejecutivo local buscaría fortalecer el Instituto de Ciencias Forenses, así como la investigación de personas desaparecidas, e integrar un sistema de inteligencia. 

Sin embargo, antes de que presentara alguna de estas medidas oficialmente, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reveló el 6 de marzo que un rancho ubicado en el municipio de Teuchitlán era usado como un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación y centro de exterminio, con tres crematorios y donde había al menos 200 restos humanos. 

El 12 de marzo, el gobernador Lemus, por medio de un video, aseguró que su administración trabajaba en total coordinación con el gobierno federal en la investigación del campo de exterminio descubierto en Teuchitlán. 

"En Jalisco nadie se lava las manos. Aquí estamos reunidos y trabajando el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la policía estatal, la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia. Todos actuamos de manera coordinada y con voluntad política", afirmó el mandatario.

Hasta después de que Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI, condenara el silencio por parte de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez se pronunció al respecto. 

"Mientras el crimen organizado manda, ellos siguen vendiendo su cuento de la 'nueva política'. Puro show, pura pose, pura simulación", escribió el líder priista en su cuenta de X.

Ante esto, el excandidato presidencial calificó esas declaraciones como una actitud de "buitre frente a una tragedia que le causa pena y dolor a México", y afirmó que el gobierno de Jalisco estaba dando la cara.

Una reforma judicial atorada

Adicionalmente al escándalo de Teuchitlán, este fin de semana la reforma judicial de Jalisco elaborada por diversas asociaciones civiles y presentada por Lemus se vio obstaculizada ante la falta de consenso en el Congreso Local. 

El gobernador presentó el pasado 25 de febrero una reforma judicial "al estilo Jalisco" elaborada por diversas asociaciones civiles, tales como Jalisco Cómo Vamos, Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung México, el ITESO, la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Jalisco y Juicio Justo, entre otras. 

Días después, José Luis Tostado Bastidas, líder de la bancada de MC en el Congreso local, anunció que los legisladores naranjas habían presentado su propia iniciativa. 

Al respecto, Juan Pablo Campos González, gerente de proyectos en Estado de derecho en la Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung México, advirtió que no aprobar la reforma elaborada por las asociaciones civiles podría suponer una “terrible oportunidad perdida para el estado de Jalisco” de fortalecer el Estado de derecho y la independencia judicial en la entidad. 

La reforma presentada por Lemus establece como requisitos que los aspirantes a jueces tengan al menos cinco años de experiencia y 10 para el caso de magistrados, además de que deberán presentar exámenes de oposición que serán elaborados por universidades, colegios y barras de abogados. 

La insaculación pública quedó fuera de la iniciativa, lo que según medios locales, ha  impedido consenso entre Morena y MC en el Congreso local. El plazo constitucional venció el 15 de marzo, sin que la leguslatura lograra un acuerdo.

Campos González comentó que siempre que se incluya una metodología única de evaluación es viable introducir un filtro aleatorio como mecanismo último de selección de candidatos a cargos de elección popular en el Poder Judicial de la entidad.

Ello, aclaró, en el entendido de que la salvaguarda de la independencia judicial debe ser un elemento fundamental en cualquier estrategia que quiera impulsarse ante la "tragedia de la desaparición forzada". 

"Nada podría ser peor que por la incapacidad para construir consensos políticos, el crimen organizado termine involucrándose en las elecciones judiciales en Jalisco y en el funcionamiento del Poder Judicial", agregó. Latinus