Secretaría Anticorrupción crea unidades en materia de transparencia ante la desaparición del INAI
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contempla la creación de al menos dos oficinas que realizarán actividades en materia de transparencia y acceso a la información, ante la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La Secretaría Anticorrupción, a cargo de Raquel Buenrostro, contará con la Dirección General de Plataformas para la Integridad y Transparencia, además de la Dirección General de Transparencia.
El pasado martes 31 de diciembre, la Secretaría Anticorrupción publicó en el Diario Oficial de la Federación su reglamento interior, en el que se establecieron las tareas que estas dos direcciones generales realizarán.
El reglamento da una idea general de las labores que esta secretaría realizará en temas de transparencia. Sin embargo, aún no se especifica si la Plataforma Nacional de Transparencia seguirá existiendo y cómo será gestionada.
Tampoco detalla cómo se resolverán los recursos de revisión que hoy en día el INAI recibe cuando una dependencia de gobierno se niega a proporcionar documentos que las personas les solicitan.
La Secretaría Anticorrupción asumirá las funciones del INAI luego de que la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron la desaparición de este organismo autónomo. Su extinción quedó fechada para marzo del 2025.
Una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue la que trasladó a la Secretaría Anticorrupción la responsabilidad de “promover y consolidar los principios de la transparencia y acceso a la información pública”.
Hasta ahora no se han dado mayores datos de cómo logrará esto. Los diputados y senadores tendrán que emitir leyes secundarias en las que se establezcan los mecanismos que garanticen el derecho a la información de los ciudadanos, así como su derecho a la protección de datos personales.
Los legisladores retomarán sus actividades el siguiente mes de febrero para aprobar estas leyes secundarias.
Creación de direcciones para la integridad y transparencia
El reglamento interior de la nueva Secretaría Anticorrupción establece la creación de la Dirección General de Plataformas para la Integridad y Transparencia.
Entre otras actividades, esta unidad estará encargada de “mantener y operar las plataformas y los sistemas para la integridad y transparencia a su cargo, así como proponer e implementar los medios para la continuidad de las operaciones en dichas materias”.
Aunque se creó esta oficina, el Reglamento de la dependencia todavía no especifica si se mantendrá la Plataforma Nacional de Transparencia, una página administrada por el INAI en la que se puede solicitar información pública o personal a dependencias de gobierno.
Lo que sí se indica es que la Dirección General de Plataformas estará en contacto con el resto de dependencias del gobierno federal para identificar procesos susceptibles de innovación y simplificación administrativa respecto a compras, integridad y transparencia.
Además, esta dirección también tendrá que generar los programas y materiales para la capacitación de los servidores públicos del gobierno federal y de los usuarios en el uso de las plataformas y sistemas a su cargo.
La Dirección General de Transparencia será otra de las unidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En el caso de la Dirección General de Transparencia se hace referencia a la atención de recursos de revisión y solicitudes de información tramitadas por las personas.
Según el reglamento interior, esta dirección dirigirá “las acciones de atención a los recursos de revisión interpuestos ante la autoridad competente para conocer de los mismos, respecto de las solicitudes de información y protección de datos personales”.
Secretaría Anticorrupción enviará recursos a la Agencia de Transformación Digital
Aunado a esto, el reglamento de la Secretaría Anticorrupción señala en su artículo tercero transitorio que esta dependencia enviará recursos humanos y financieros de sus áreas dedicadas a transparencia, a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
“Los recursos humanos, financieros y materiales con que actualmente cuentan las direcciones de Datos Abiertos y de Gobierno Abierto y Obligaciones de Transparencia, serán transferidos a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones”, indica el reglamento interior.
Sin embargo, no se especifica cuáles serán las actividades que realizará el personal transferido a la Agencia, ni el papel que esta otra institución tendrá en materia de transparencia y acceso a la información.
Con información de Animal Político.
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Un difícil 2025 para algunos empresarios
Para ciertos empresarios, según ha trascendido desde el comercio organizado, el 2025 no tiene una buena expectativa pues, se dice que, en alguno de los organismos empresariales ya les comentaron que iniciará el cobro de uso de suelo, licencia de funcionamiento y demás trámites para todos los negocios en general, desde tiendas, ferreterías y también hasta salones para eventos.
De acuerdo a versiones de empresarios del sector especializado como lo es el de los salones infantiles, incluso, ya se habla del cierre de por lo menos dos de estos establecimientos, debido al exceso de tramitología, los pagos por derechos, servicios y hasta por la renta.
Los comentarios son en el sentido de que, con tanto trámite y cobros, se está afectando a esta sección de los empresarios y en contraparte, se favorece a quienes lo hacen fuera de los lineamientos legales o completamente fuera de la ley.
Estas son algunas de las expresiones, de quienes se sienten afectados por este exceso de tramitología y de cobros, según se han dicho.
Señalan que, en el caso de los salones para eventos, es un suplicio la tramitología por lo complicado de cumplir con lo dispuesto por Gobernación municipal y ni se diga en los trámites en el área de Desarrollo Urbano, de esa instancia; así como los relativos a uso de suelo, placa de aforo, Protección Civil, entre otros, que tienen que sortear y pagar, algo que no sucede con los establecimientos que operan en la ilegalidad.
Además, la puntilla para el sector, según se dice, puede ser la reforma laboral y si llega, la relativa a la reducción a las 48 a 40 horas de trabajo por semana, una iniciativa que se dice, sería el final para los pequeños empresarios, que no soportarían tantos trámites, cambios y cargas que se plantean. Así la expectativa, que tienen algunos para este 2025.
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