En Chiapas, desplazamientos forzados y desapariciones alcanzan niveles críticos
El estado de Chiapas enfrenta una grave crisis de violencia y desplazamiento forzado, según el informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal, presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). Entre enero de 2023 y junio de 2024, al menos 15 mil 780 mil personas han sido obligadas a abandonar sus hogares en 13 municipios, principalmente debido a la guerra entre el Cártel Nueva Generación-Cártel Chiapas Guatemala y el Cártel de Sinaloa.
El documento señala que la violencia en las regiones Fronteriza y Sierra ha provocado el mayor número de desplazamientos, con más de ocho mil 190 personas afectadas. Además, en la región Altos, grupos armados han generado condiciones de inseguridad extrema, obligando al 15% de los desplazados a huir. Las principales causas de este fenómeno incluyen la lucha por el control territorial del crimen organizado (35%), la violencia contrainsurgente que afecta a bases zapatistas (35%) y la diversificación de grupos armados en el territorio (30%).
Otro dato alarmante del informe es el incremento del 358% en desapariciones en Chiapas entre 2019 y 2023. En el primer semestre de 2024, se han registrado 632 desaparecidos, de los cuales 217 son niños y adolescentes. Además, la desaparición de mujeres en el estado supera ampliamente el promedio nacional, alcanzando más del 60%, lo que en muchos casos está relacionado con trata de personas y explotación sexual.
El Frayba también advierte sobre la falta de acción del Estado para atender esta crisis humanitaria. Denuncia la omisión de las autoridades y la complicidad de algunos sectores en la expansión de grupos armados ilegales, quienes controlan economías tanto legales como ilícitas, desde el tráfico de drogas y migrantes hasta la explotación de recursos naturales.
El informe concluye que la violencia ha convertido a Chiapas en una "zona silenciada", donde la impunidad predomina y la población vive en un estado de inseguridad permanente. A pesar de ello, el Estado mexicano insiste en presentar al estado como una región segura, sin tomar medidas efectivas para investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos.
Con información de SUN.
Con información de: Informador.mx
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