Ojo con los “vaqueros del carbono” mexicanos: una amenaza silenciosa de la que se habla poco

El jueves 20 de marzo de 2025, un indígena pasto llamado Miguel Ángel Quilismal subió a la tribuna del Congreso colombiano para quejarse del daño que provoca en su territorio una empresa mexicana desarrolladora de un proyecto de bonos de carbono llamado Pachamama Cumbal.

“Decidimos investigar y demandar a este contrato que fue realizado a espaldas de la comunidad”, dijo, vestido con el atuendo tradicional de la etnia situada en el departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, al quejarse de estos mecanismos “que en lugar de beneficiar a quienes protegen a los páramos y el agua terminan beneficiando a terceras personas que se lucran de la ignorancia que aún impera sobre el tema y los vacíos jurídicos existentes”.

Aunque no dijo su nombre, todos los que hemos cubierto el tema sabemos que se refirió a Global Consulting, una compañía mexicana representada por Bárbara Lara Escoto, sobre la que se han escrito reportajes acerca del proyecto que lleva a cabo en el resguardo de Cumbal y que se ha granjeado una muy merecida mala fama en Colombia.

Para quienes no lo saben, los bonos de carbono son una nueva fiebre que se está extendiendo sobre nuestro continente, creados para mitigar el cambio climático a través del supuesto fortalecimiento de las comunidades indígenas, campesinas o afros que protegen a los bosques y manglares de la deforestación, de la que aún no se ha hablado lo suficiente en México, a pesar de que existen varios proyectos de este tipo en nuestro país.

De manera esquemática: una empresa se acerca a una comunidad autóctona para formar una alianza dedicada a defender un territorio. Para eso montan un proyecto cuyo producto es un certificado que garantiza que al evitar deforestar una hectárea de bosque se está evitando que se libere una cantidad de CO2 equivalente en la atmósfera. Lo cual explica que lo compren sobre todo grandes contaminadores: compañías petroleras, aerolíneas, gasíferas, etc., que así “mitigan su impacto” ambiental.

A falta de regulación estatal, el mecanismo se basa en un sistema de verificación privado en el que un Organismo de Validación y Verificación (OVV), un auditor y un certificador sirven como filtro para asegurarse de que el proyecto cumpla con estándares de calidad.

Y ya en sí el sistema es polémico. “A casi 30 años de su implementación este mecanismo no ha demostrado ser una solución efectiva ante la crisis climática, porque lejos de abordar sus causas estructurales lo que ha hecho es dar respuestas muy superficiales que desvían la atención de transformaciones reales que necesita el planeta”, dijo, por ejemplo, Johana Peña, de la ONG Censat Agua Viva, ante el mismo Congreso colombiano.

Y es verdad que se trata de un mecanismo altamente especulativo. Las empresas minero-energéticas y otros grandes contaminadores intercambian una tonelada de CO2 que efectivamente emiten en la atmósfera y que participa en el calentamiento global —lo que a su vez provoca sequías intensas, incendios, inundaciones, tempestades...— contra un crédito que hipotéticamente les asegura que al proteger un bosque evitan la liberación de otra tonelada de CO2 en la atmósfera. Al final es un juego de suma -1 en el que pierde el planeta.

Pero si al menos realmente fortaleciera a las comunidades, algo se haría. Sin embargo, resulta que generalmente no es el caso, lo que ha provocado una crisis en el mercado de los bonos de carbono colombiano, cuyos precios no dejan de bajar. Y Global Consulting (GC) es precisamente una representante de lo que no se debe hacer en esta materia.

En Cumbal, Nariño, GC firmó un contrato únicamente con un gobernador indígena y un testigo, sin consultar a la comunidad, para vender bonos de carbono provenientes de territorios que son colectivos por naturaleza. Y cuando fueron demandados por un grupo autóctono ambientalista por medio de un amparo (llamado tutela en Colombia) tan acertado que la justicia le dio razón y frenó el proyecto, GC contrademandó a sus integrantes por sumas impagables en diferentes jurisdicciones, lo que constituye un claro método de persecución jurídica, como lo evidencia un reportaje hecho por la alianza periodística CLIP sobre este territorio de 91.600 hectáreas y 37.000 habitantes.

Por si fuera poco, la disputa terminó fracturando a las comunidades de Cumbal, entre quienes exigen el derecho a la consulta previa de toda la comunidad que otorga la Constitución a los pueblos indígenas sobre los proyectos que se generen en su territorio, como lo reconoció la Corte Constitucional en una sentencia de 2024, y quienes defienden el derecho a llevar a cabo el proyecto con un simple contrato de mandato con sus autoridades.

Consultada sobre los nexos sospechosos entre las diferentes empresas que debieran verificar el “buen desarrollo” del proyecto y su firma, Global Consulting rechazó entregar información y advirtió que “desde ya es de nuestro interés hacerle saber que le haremos responsable de cualquier daño o perjuicio económico, así como cualquier daño o perjuicio que se genere en nuestra reputación, buena honra y buen nombre”. Mostrando así desconocer cualquier principio del periodismo de investigación y atrayendo más bien la atención sobre los intereses oscuros que puede estar defendiendo.

A la vez, los gobernadores de dos de los cuatro resguardos indígenas que conforman el proyecto amenazaron con represalias jurídicas a quien continuara indagando sobre qué tanto habían consultado a su población al momento de firmar contratos sobre territorios colectivos, por medio de correos exactamente idénticos enviados en el mismo minuto, y que Global Consulting adjunto en el correo en el que amenaza con represalias jurídicas.

La mala fama de esta empresa Global Consulting llegó a tal punto que un representante de un gremio internacional de bonos de carbono me dijo que “ellos realmente sí obraron mal. Son de esos actores que no quieres ver en el mercado de carbono”. Pero nada de eso parece estar impidiendo que sigan transando créditos en el mercado internacional.

Por eso me parece importante dar este aviso antes de que invadan a México como lo hicieron en Sudamérica, fracturando a las comunidades indígenas que protegen los bosques al origen del negocio y persiguiendo a quienes se atreven a reportarlos. ¡Ojo con los vaqueros del carbono mexicanos!

Con información de actualidad.rt.com