Académicos de la UNAM repudian sentencia millonaria contra Graue y Macedo
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Más de 200 profesores e investigadores de la UNAM repudiaron la sentencia contra el exrector Enrique Graue Wiechers y el exdirector de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, Fernando Macedo Chagolla, quienes deberán pagar 15 millones de pesos por daño moral a Martha Rodríguez Ortiz, señalada por haber dirigido múltiples tesis con plagio, entre las que se encuentra la de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.
Mediante un comunicado, los académicos denunciaron que se castiga a los funcionarios universitarios que actuaron en cumplimiento de su deber y premia a quien estuvo involucrada en prácticas contrarias a la ética académica.
“La condena impuesta por un tribunal de la Ciudad de México al exrector de la UNAM y al exdirector de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la misma Universidad, expresa de forma escandalosa las desviaciones a las que conduce la manipulación de la justicia con propósitos políticos”, expresaron.
El caso tiene su origen en diciembre de 2022, cuando se hizo pública la tesis de Esquivel, junto con la tesis de otro alumno, Edgar Ulises Báez, la cual había sido presuntamente plagiada por la ministra y presentada en 1987. Posteriormente, se descubrió que otras tesis asesoradas por Rodríguez Ortiz también presentaban contenido plagiado.
Ante estos hallazgos, la UNAM inició un proceso de revisión y, en enero de 2023, determinó que era evidente la existencia de un plagio, estableciendo que la tesis original fue la presentada en 1986. Entre las medidas tomadas, la universidad rescindió el contrato de Rodríguez Ortiz, quien había trabajado durante años como asesora en la FES Aragón.
Paralelamente, Esquivel Mossa interpuso una serie de recursos legales para frenar la publicación del dictamen del Comité Universitario de Ética sobre su caso, lo que ha impedido que la universidad se pronuncie oficialmente al respecto.
En 2023, La jueza María Magdalena Malpica Cervantes resolvió que la ministra es la autora original de la tesis de licenciatura en Derecho que se presentó en 1987 en la UNAM, según los peritajes sobre la antigüedad del papel, una comparación de firmas y las declaraciones de dos testigos que afirmaron haber visto a Esquivel escribir el texto, pero la jueza no hizo una comparación entre el trabajo de titulación y el que presentó Báez un año antes.
Tras los resultados positivos de Esquivel, su exasesora reclamó daño moral al exrector de la UNAM y al exrector de la FES Aragón. Martha Rodríguez también reclamó que el caso fue divulgado por la UNAM y el exrector, pese a que debía mantenerse en reserva porque todavía no había una sentencia que la declarara responsable.
El pasado 28 de febrero, la juez Flor de María Hernández Mijangos, titular del juzgado Cuarto de lo Civil de proceso escrito del Tribunal Superior de justicia de la CDMX, falló a favor de Rodríguez Ortiz y casi un mes después condenó a Graue Wiechers y Macedo Chagolla al pago millonario.
"La sentencia de la juez Flor de María Hernández Mijangos premia a la asesora de tesis ostensiblemente plagiadas y castiga a los funcionarios que, en representación de la UNAM, tuvieron que ocuparse de ese asunto. La justicia, en este caso, es deformada para favorecer una venganza política", denunciaron los académicos.
Los firmantes expresaron su confianza en que las instancias judiciales, ante las que han apelado los demandados, reivindiquen el derecho y desechen la demanda de Rodríguez Ortiz.
Entre los firmantes del documento destacan reconocidos académicos e investigadores de la UNAM, como Adrián Guillermo Aguilar, del Instituto de Geografía; Alejandro Alagón Cano, investigador emérito del Instituto de Biotecnología; Karina Ansolabehere, del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Carlos Arámburo de la Hoz, investigador emérito del Instituto de Neurobiología; Roger Bartra, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales; Leticia Bonifaz, del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Lorenzo Córdova Vianello, del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Antonio Lazcano Araujo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias; María Marván Laborde, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Algunos periodistas, escritores y analistas políticos también firmaron el documento, como: Rubén Álvarez Mendiola, periodista; Carlos Bravo Regidor, analista político; Federico Reyes Heroles, escritor; Rafael Pérez Gay, escritor; y Guillermo Sheridan, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas y crítico literario.
Con información de proceso.com.mx
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Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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