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Descongelarán cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quitar de su “Lista de Personas Bloqueadas” a Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. 

Un juez de distrito ya había otorgado un amparo a los esposos en contra del congelamiento de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, por lo que el Tribunal Colegiado ratificó esa resolución y, además, declaró infundado el recurso de revisión presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en contra de dicha sentencia. 

 

Los magistrados decidieron que la UIF vulneró el principio de seguridad jurídica con el acto de bloquear las cuentas bancarias de la exconductora de televisión y su esposo, ya que si el congelamiento de las cuentas se hace por un motivo que solo afecta a nivel nacional y no está relacionado con el cumplimiento de algún acuerdo internacional, entonces esta acción no tendría un respaldo legal claro dentro de un proceso judicial o administrativo.  

El principio de seguridad jurídica, protegido por la Constitución, garantiza que las personas tengan certeza sobre las decisiones legales que impactan sus derechos. 

Además, señalaron que la UIF incluyó a la pareja en la “Lista de Personas Bloqueadas” sin justificar adecuadamente su decisión y sin cumplir con los requisitos legales de fundamentación y motivación. 

Puntualizaron que no se explicaron claramente las razones ni la base legal para congelar sus cuentas, lo cual es una exigencia del artículo 16 de la Constitución. Dado que no se cumplieron estos requisitos, el tribunal determinó que la violación alegada por la pareja era válida y, por lo tanto, les concedió el amparo y la protección de la justicia federal. 

Actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) busca a los esposos por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2 mil 950 millones de pesos, motivo por el cual se les considera prófugos de la justicia. 

 

 

 

 

Con información de: Proceso.

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Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet

La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.

En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en  la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.

Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.

Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.

Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.

También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.

Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.

Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.

De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.

Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.

Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.

 

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