Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, será juzgado por intento de golpe de Estado
La Corte Suprema de Brasil dictaminó este miércoles juzgar al exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, lo que lo expone a una dura pena de prisión y mina sus aspiraciones de volver a la presidencia.
La fiscalía lo imputó en febrero por supuestamente liderar una organización criminal que buscó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones en 2022.
En un país todavía marcado por la memoria de la última dictadura militar (1964-1985), el juicio contra el expresidente, de 70 años, quien se ha declarado nostálgico de ese periodo, promete ser histórico.
Los cinco magistrados de la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron por unanimidad abrir el proceso.
Bolsonaro, que podría enfrentar una condena de unos 40 años de prisión, no compareció en la corte en Brasilia, contrariamente a la víspera, en el primer día de deliberaciones. El líder de la oposición brasileña clama su inocencia y se declara un “perseguido”.
Aunque inhabilitado políticamente, Bolsonaro mantiene sus aspiraciones de volver a la presidencia en las elecciones de 2026, ante un Lula en caída de popularidad.
Los analistas estiman que es poco probable que sea detenido preventivamente, por lo que debería aguardar su juicio en libertad.
Aunque no hay un plazo legal, “hay expectativa de que el caso sea juzgado este año”, para no interferir en las elecciones del año próximo, dijo a la AFP el abogado penalista Enzo Fachini.
Supuesto plan para matar a Lula
El plan golpista dirigido supuestamente por Bolsonaro contemplaba medidas como la elaboración de un decreto para justificar un “estado de defensa” e incluso elasesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes, según la fiscalía. El complot no se habría consumado por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército.
La investigación vincula también directamente a Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Junto a Bolsonaro, serán juzgados siete colaboradores, incluidos exministros como Walter Braga Netto (Defensa) y Anderson Torres (Justicia), y un excomandante de la Marina, según decidió la corte.
Durante el primer día de deliberaciones, Bolsonaro mantuvo un semblante serio, sentado en primera fila. “Contra el expresidente no se halló absolutamente nada”, afirmó el martes su abogado, Celso Sanchez Vilardi.
Interés personal
“Hay indicios razonables de la fiscalía que apuntan a Bolsonaro como líder de la organización criminal”, dijo el miércoles el juez Moraes antes de emitir su voto. La defensa del líder ultraderechista intentó sin éxito apartar a Moraes.
El juez, blanco del supuesto plan de asesinato y al frente de varias causas contra el expresidente, fue cuestionado por tener “interés personal” en el caso.
Entre los magistrados que decidieron la suerte de Bolsonaro también figuran Flávio Dino, exministro de Lula, y Zanin, exabogado del presidente.
Candidato a la presidencia
Bolsonaro está inhabilitado políticamente hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de urnas electrónicas, pero él confía en que su pena sea revertida o reducida. “Por el momento, soy candidato”, declaró días atrás.
Compara su situación con la de Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca a pesar de sus problemas judiciales, y espera que el presidente estadounidense ejerza “influencia” a su favor.
La incertidumbre sobre su futuro ocurre mientras el izquierdista Lula, de 79 años, se muestra ambiguo sobre sus intenciones de aspirar a la reelección.
Antes de volver al poder por tercera vez en 2023, el mandatario también tuvo problemas con la justicia por un escándalo de corrupción que lo llevó a prisión, aunque sus condenas fueron luego anuladas.
Con información de: Animal político.
Tips al momento
Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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