Tribunal Electoral respalda la ampliación de poderes de Guadalupe Taddei en el INE
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Guadalupe Taddei Zavala, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), obtuvo hoy el apoyo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su disputa contra el grupo de seis consejeros que cuestiona la ampliación de sus poderes impulsada por Morena, partido al que ella y su familia están vinculados.
En una resolución aprobada hoy por mayoría, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF validaron la decisión de Taddei de nombrar a José Luis Arévalo Romo --un cercano suyo-- al frente de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales mediante un “oficio de designación” emitido sin consultar a los otros 10 integrantes del Consejo General.
La resolución planteó que la colegialidad del Consejo General del INE “no se traduce en un derecho adquirido de sus integrantes” y resaltó que “la Constitución general no establece la forma en que el INE debe designar a las personas titulares de las áreas técnicas y operativas”, lo que representa de facto una luz verde para que Taddei siga nombrando a los directivos del organismo sin pasar por el Consejo General.
El consejero Martín Faz Mora presentó una impugnación contra la designación de Romo. En los cinco puntos de su escrito, alegó que Taddei debió buscar el consenso del cuerpo colegiado para proceder a la designación –pues de otro modo vulneraría “la autonomía del INE así como la independencia de sus decisiones--, y sostuvo que Arévalo carece del conocimiento y de la experiencia necesarios para ocupar el cargo.
La resolución de la Sala Superior del TEPJF, elaborada por Felipe Alfredo Fuentes Barrera –integrante del grupo de Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta del tribunal e identificada también con Morena--, estipula que ni Faz ni los demás consejeros cuentan con la facultad de participar en la designación de Arévalo, por lo que no les corresponde opinar sobre la idoneidad del nombrado. La resolución fue aprobada por los integrantes de la Sala Superior, a excepción del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
La impugnación llegó en un contexto de ruptura que impera en el INE desde que Morena aprobó una reforma que concentraba nuevos poderes en la presidencia del INE, incluyendo el nombramiento de los directores ejecutivos y los titulares de las áreas técnicas del organismo, y aumentaba las facultades de la Junta General Ejecutiva, instancia bajo el mando de Taddei.
Seis consejeros, incluyendo Martín Faz, combatieron en bloque esta reforma, a la que acusaron de “mermar el trabajo colegiado que es una directriz para el funcionamiento del instituto”: el 30 de octubre, gracias a su mayoría de votos en el Consejo General, aprobaron una resolución que ordenó a la Secretaría Ejecutiva a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la reforma.
Ese día, Taddei tronó contra los seis consejeros, a quienes acusó de sentar un “precedente muy negativo para la institución” y de invadir “temas que tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad de la presidencia”.
En espera de la resolución de la SCJN, el 18 de febrero Taddei ejerció por primera vez sus nuevos poderes otorgados por Morena: movió a Arévalo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social –en la que estaba laborando-- y lo nombró en la Unidad de Transparencia.
Con información de: Proceso.
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Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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