EFE.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue demandado este miércoles por utilizar la aplicación de mensajería Signal para discutir "planes de guerra".
Hegseth participó en un polémico chat de Signal con otros altos funcionarios del gobierno de Donald Trump en el que fue incluido por error el editor jefe de la revista The Atlantic, que ha publicado partes de la conversación.
Los funcionarios hablaron en el chat sobre los planes para atacar objetivos hutíes en Yemen, ataque que finalmente ocurrió el pasado 15 de marzo.
La demanda fue interpuesta ante la corte del Distrito de Columbia por American Oversight, una organización sin ánimo de lucro y no alineada con ningún partido que vigila al gobierno.
La entidad alega que el equipo del presidente violó la Ley de Registros Federales y la Ley de Procedimiento Administrativo al compartir esa información a través de dicha aplicación de mensajería, que autodestruye los mensajes.
La demanda pretende impedir que se sigan destruyendo ilegalmente archivos federales y obligar a recuperar estos documentos mediante el uso no autorizado de Signal.
Además de Hegseth, están citados en la demanda el secretario de Estado, Marco Rubio; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el director de la CIA, John Ratcliffe; y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que también estaban en el chat grupal.
El juez federal asignado al caso será James Boasberg, con quien el gobierno libra un enfrenamiento después de que bloqueara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y ordenara el regreso de vuelos con migrantes venezolanos enviados a El Salvador, una orden que el Ejecutivo no acató.
Con información de: LatinUs.
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.