Congreso de Chiapas aprueba "Ley Monzón"; feminicidas perderán patria potestad de sus hijos
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro) .- El Congreso de Chiapas, en sesión extraordinaria, aprobó dos iniciativas para tipificar y castigar diversos tipos de violencia contra las mujeres, respondiendo con ello a demandas de colectivas feministas que buscan evitar la revictimización de las mujeres afectadas por la violencia de género.
El pleno aprobó la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas en materia de pérdida de patria potestad, en caso de feminicidio o su tentativa; la iniciativa conocida como “Ley Monzón”, señala que los padres sentenciados por el delito o tentativa de feminicidio perderán en automático la patria potestad, tutela y derecho de convivencia.
La reforma, busca proteger a las infancias de los padres feminicidas. Esta ley recibe su nombre en memoria de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, quien fue asesinada el 21 de mayo de 2022 en Puebla.
El feminicida es Javiel L. Z., a quien Cecilia había sido denunciado previamente por abandonar a su hijo e incumplir con su pensión alimenticia.
Tras el asesinato de la activista, Javier intentó ejercer sus derechos de patria potestad con el menor. Por ello, la “Ley Monzón” pretende prohibir que los feminicidas tengan convivencia con sus hijos si asesinaron o intentaron asesinar a su madre. Además, busca castigar a los jueces que entorpezcan las investigaciones en estos casos.
Se establece como delito ataques con ácido o sustancias químicas o corrosivas
Los diputados aprobaron también la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en materia de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas, presentada por la diputada Rosalinda López Sánchez.
Esta iniciativa es conocida como “Ley Malena”, nombrada así por el caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz, a quien agredieron rociándole ácido en parte de su cuerpo en 2019.
Estas reformas buscan abrir paso a una vida libre de violencia hacia las mujeres y la niñez, dijo el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva del Congreso, al destacar que las reformas responden a demandas de colectivas feministas que buscan evitar la revictimización de las mujeres afectadas por la violencia de género, “de ahí la importancia de garantizar la justicia plena impidiendo que los agresores obtengan beneficios jurídicos”.
En el congreso del estado, colectivas feministas están presentando varias iniciativas para tipificar y castigar diversos tipos de violencia contra las mujeres. Muchas de estas iniciativas tienen nombres de activistas y defensoras de derechos humanos que han sido víctimas del machismo y la misoginia en México, y cuyas experiencias se han transformado para que ni una más atraviese por situaciones similares a las suyas en búsqueda de justicia.
La colectiva feminista 50 más 1, se congratuló por la aprobación de las dos iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones del código civil de Chiapas, y señaló que estas modificaciones a la legislación fortalecen los derechos de las mujeres y la niñez chiapaneca.
Con información de proceso.com.mx
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Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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