Exjefe policíaco de Perú confirma que Pedro Castillo le ordenó cerrar el Congreso en el fallido golpe de Estado
EFE.- El excomandante general de la Policía Nacional de Perú (PNP), Raúl Alfaro, confirmó este jueves que el expresidente Pedro Castillo le ordenó por teléfono cerrar el Congreso y detener a la fiscal de la Nación durante el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Alfaro agregó ante el tribunal que procesa a Castillo por la presunta comisión del delito de rebelión, que él dio la orden de detener a Castillo por considerar que había cometido un delito flagrante cuando dio un mensaje a la nación considerado golpista.
"El presidente me dice: 'general, cierre el Congreso, que salgan todos los que están adentro, no deje que nadie ingrese, e intervenga a la fiscal de la Nación y la Fiscalía'", declaró Alfaro.
El exjefe máximo de la policía agregó que Castillo también pidió que se incremente la seguridad a sus familiares y a altas autoridades de su gobierno, como la primera ministra Betssy Chávez y el ex primer ministro Aníbal Torres, quien entonces era asesor del mandatario, y también son procesados por este caso.
"Yo le respondí: '¿cuál es el motivo para intervenir?'", agregó Alfaro, antes de señalar que Castillo le dijo que "esos detalles se los va a dar el ministro" del Interior de ese momento, Willy Huerta.
Agregó que luego le pidió a Alfaro que le explique los motivos de la petición del mandatario y este le dijo: "Alfaro, después hablamos".
Estas afirmaciones generaron la reacción de Huerta, quien también está siendo procesado, y tildó a viva voz a Alfaro de "mentiroso", lo que motivó la llamada de atención de los magistrados, bajo la advertencia de que podía ser expulsado de la sala.
Durante el interrogatorio, Alfaro dijo que el 7 de diciembre de 2022 estaba en su despacho, a pesar de contar con licencia médica por estar restableciéndose de la Covid-19, y que comunicó a los altos oficiales que llegaron a verlo que la Policía Nacional iba a respetar la Constitución.
Añadió que, tras analizar el pronunciamiento del gobernante y revisar las normas legales, dio la orden de detener a Castillo por considerar que había cometido un delito cuando anunció que iba a cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar por decreto.
"Evidentemente, había un delito flagrante y quiebre de la Constitución", remarcó.
Al ser interrogado por la defensa pública de Castillo, Alfaro dijo que "no recuerda" si cuando dio la orden de detención el pleno del Congreso ya había destituido al entonces mandatario, quien gozaba de inmunidad por su alto cargo.
Alfaro se presentó este jueves ante el tribunal para ofrecer un testimonio que es considerado clave en el juicio abierto al expresidente peruano, acusado de rebelión en el fallido golpe de Estado de 2022.
Castillo es acusado de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave afectación de la tranquilidad pública, por los que afronta un pedido de 34 años de prisión que ha hecho la fiscalía por haber ordenado el cierre del Congreso y la intervención del sistema judicial, además de anunciar que iba a gobernar por decreto.
Con información de Latinus
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Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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