En un paso clave para fortalecer la lucha contra la corrupción en el estado, el Congreso de Chihuahua avanza en el proceso de designación de la Comisión de Selección, órgano ciudadano encargado de nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Jorge Soto, diputado del PAN y secretario de la Comisión Anticorrupción, destacó que se han entrevistado perfiles con amplia trayectoria y compromiso con la transparencia. “Hemos visto candidaturas muy valiosas y, en los próximos días, la Comisión Anticorrupción presentará una propuesta ante el Pleno para la integración de esta Comisión de Selección, la cual deberá ser votada y, en su momento, aprobada”, expresó el legislador.
El diputado explicó que el Comité de Participación Ciudadana, está compuesto por cinco integrantes, tendrá una vacante en junio, por lo que la Comisión de Selección jugará un papel fundamental en la designación de la persona que ocupará dicho espacio.
Soto subrayó que la pluralidad y la equidad de género son principios fundamentales en este proceso. “La ley establece que la Comisión de Selección debe integrarse con paridad de género. Es un compromiso que estamos cumpliendo, asegurando que la toma de decisiones en materia anticorrupción refleje la diversidad y garantice una representación equilibrada”, afirmó.
Jorge Soto reiteró la importancia de que la ciudadanía se mantenga atenta a la conformación de este órgano, ya que su labor será determinante para seguir consolidando un sistema que combata la corrupción de manera efectiva y transparente.
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.