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CIDH califica de “alarmante” el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como “alarmante” la existencia de espacios de entrenamiento y desaparición de personas como el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco,  “durante tiempo prolongado sin intervención de las autoridades”.

Tras reconocer al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco por localizar restos humanos en el rancho Izaguirre, espacio que se encontraba bajo resguardo estatal desde septiembre de 2024, en un comunicado la CIDH consideró que “tanto las denuncias sobre reclutamiento forzado, entrenamiento, trabajo forzado y desaparición de personas -entre otros crímenes- como el tipo de objetos encontrados reflejan la degradación de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana”.

 

Agregó que “es alarmante que lugares de esta naturaleza hayan podido operar por períodos de tiempo prolongados sin intervención de autoridades”. 

A 22 días del hallazgo, la CIDH llamó al Estado mexicano “investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación”. 

Tras tomar nota de la ejecución de órdenes de aprehensión contra “personas vinculadas estrechamente con el rancho Izaguirre”, el organismo interamericano agregó que “las familias tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de sus seres queridos, en tanto que la sociedad mexicana tiene el derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido en el lugar”. 

Resaltó que “en situaciones de vulneraciones a los derechos humanos cometidas en contextos de crimen organizado, se deben aplicar los tipos penales adecuados e investigar toda posible participación directa o indirecta de agentes estatales, incluyendo posibles omisiones”.

Asimismo, consideró que para la identificación de los restos humanos hallados en el sitio, “es deber del Estado mexicano conducir un proceso confiable, basado en la ciencia y evidencia”, mientras que “cualquier devolución de objetos encontrados cuya propiedad pueda ser atribuida y llegado el momento, la restitución e restos humanos, se realicen con dignidad y respetando el dolor de las familias”. 

Sobre el hallazgo de “fosas clandestinas, restos óseos calcinados y enseres de uso doméstico, que sugieren que el rancho habría sido utilizado para actividades criminales como centro de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas”, la CIDH recordó que “si bien los colectivos de búsqueda ejercen su derecho a buscar a sus familiares, ello no exime al Estado mexicano de su deber de investigar y buscar de conformidad con obligaciones en derechos humanos”. 

El organismo interamericano reconoció el anuncio del Estado mexicano de “brindar a las víctimas una atención integral y la elaboración de una línea del tiempo que explique la diferencia temporal entre el aseguramiento del predio y los hallazgos del grupo buscador “. 

Tras valorar las medidas legislativas y administrativas para atender el problema de las desapariciones, anunciadas el pasado 17 de marzo por la presidenta Claudia Sheinbaum, la CIDH apuntó que desde hace 25 años ha monitoreado “la situación de desaparición masiva de personas” en el país, por lo que “la participación de las víctimas y familiares de las personas desaparecidas debe estar garantizada”.

Al llamar a las autoridades a reconocer públicamente el trabajo de los colectivos de personas buscadoras como defensoras de derechos humanos, y valorando su trabajo en el Rancho Izaguirre, “evitando su revictimización”, el organismo reiteró su “reconocimiento y solidaridad con la valiosa labor de los colectivos y familiares de búsqueda de personas desaparecidas en México, que debe ser ejercida con seguridad y libertad garantizadas por el Estado”.

 

 

 

 

 

Con información de: Proceso.

Tips al momento

Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet

La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.

En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en  la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.

Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.

Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.

Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.

También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.

Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.

Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.

De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.

Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.

Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.

 

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