Elección judicial: Se multiplican campañas "patrocinadas" en redes sociales
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A tres días del arranque formal de las campañas para las elecciones judiciales, en las que ningún candidato puede contratar publicidad, se multiplicaron las publicaciones “patrocinadas” en Facebook que promocionan algunas candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluyendo a Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama o Zulema Mosri Gutiérrez.
En contraste con el brote de publicaciones favorables en redes sociales, las reglas que el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció para la elección judicial son sencillas y estrictas: las campañas durarán del 30 de marzo al 28 de mayo; no están permitidos los actos de precampaña ni la contratación de servicios de publicidad –en cualquier modalidad-- o de elaboración y difusión encuestas; los candidatos solo podrán asistir a foros públicos y gastar recursos de su bolsillo, sin recibir fondos públicos ni privados.
Sin embargo, el 26 de marzo, la Librería Publicitaria de Meta –la empresa que controla Facebook-- registraba 10 publicaciones patrocinadas “activas” favorables a Loretta Ortiz: cinco de ellas fueron pagadas por una cuenta llamada Posteando, otras cinco fueron pagadas por Distrito Digital, tres por Diario Perspectiva y dos por Badabun, Informente y Boletín Capital.
Distrito Digital promovió, por ejemplo, una entrevista que Ortiz tuvo con Pedro Gamboa, en Milenio, en noviembre pasado, encabezada “Aspiro a ser ministra más votada para presidir SCJN: Loretta Ortiz”. De acuerdo con Librería Publicitaria, esta publicación fue patrocinada con menos de 200 pesos, para ser replicada entre 3 y 4 mil veces.
En la tarde del mismo miércoles, Yasmin Esquivel, otra de las ministras alineadas con Morena que es candidata a la SCJN, aparece en siete publicaciones promocionadas en Facebook y “activas” en el momento de la revisión. Varias de ellas retomaron un evento con jóvenes al que la ministra participó el pasado lunes 24, cuya nota fue titulada por el medio PolíticoMX como: “Yasmín Esquivel se reúne con jóvenes: ‘son fundamentales para un nuevo modelo de justicia’”.
En el mes de marzo, la Librería Publicitaria de Meta registró 56 publicaciones promocionadas que apoyaron a Yasmin Esquivel, con notas como “Yasmin Esquivel, en pro de la transformación”, o “el respaldo a Yasmín Esquivel demuestra que el pueblo quiere un poder judicial comprometido con la transformación y la justicia social”.
La empresa Electoralia y una cuenta especializada en la promoción de contenidos, Informente, realizaron aportaciones publicitarias para difundir unas gráficas elaboradas por la primera, las cuales indican los resultados de una supuesta encuesta nacional sobre las intenciones de voto respecto a las candidaturas a la SCJN. En esta publicación, Electoralia indicó 27% a favor de Esquivel, 25% para Ortiz y 13% para Lenia Batres.
Zulema Mosri, por su parte, aparece en seis publicaciones promocionadas, relacionadas con contenidos que reafirman su “compromiso con la equidad en la justicia” o su propuesta de una “justicia accesible para todas y todos”.
El caso de Lenia Batres resulta peculiar: aunque aparece en algunas notas promocionadas favorables en Facebook en marzo –incluyendo varias que la colocan en el primer lugar de supuestas encuestas de preferencias electorales--, la autollamada “ministra del pueblo” parece estar al mismo tiempo en el centro de una campaña de publicaciones promocionadas para atacarla.
Este miércoles, por ejemplo, circulaba una difusión pagada del medio digital La Política Online que sugería la existencia de una disputa entre Mario Delgado y Marti Batres y asevera que “el gobierno no apoyará el proyecto de Lenia Batres de conducir la Corte Suprema en las elecciones judiciales de mitad de año”.
Antes incluso de quedar formalmente como candidatas a las elecciones judiciales del próximo 1º de junio, Esquivel, Batres y Ortiz habían asistido a actos públicos –incluyendo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo o con gobernadores y diputados de Morena--, ofrecido entrevistas a medios de comunicación y subido contenidos a carácter proselitista en sus redes sociales, lo que detonó acusaciones de actos anticipados de campaña.
En estos casos, las tres ministras identificadas con Morena evitaron los problemas: en un primer momento, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó de entrada las quejas que recibió en enero, relativas a 99 publicaciones que las mujeres subieron a sus redes sociales entre el 30 de octubre y el 17 de diciembre de 2024, y que podían constituiré actos irregulares.
Las quejosas impugnaron la resolución, y el caso llegó entre las manos del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Rodríguez elaboró un proyecto que ordenaba al INE a dar entrada a la denuncia e iniciar una investigación para determinar si habían incurrido en conductas sancionables.
El pasado 12 de marzo, sin embargo, el bloque mayoritario de la Sala Superior del TEPJF, encabezado por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso –identificada con Morena--, rechazó la resolución, y validó la decisión de la unidad técnica del INE de dar carpetazo a las quejas.
Otro debate surgió recientemente entre el INE y el TEPJF, en torno a los topes de gastos de campaña: en cumplimiento con la reforma judicial, el Consejo General había establecido el tope de gastos a 220 mil pesos, pero la Sala Superior le ordenó aumentar el monto máximo, por lo que el INE lo fijó a más de un millón 468 mil pesos para las campañas a la SCJN.
Durante la sesión del pasado 20 de marzo, varios consejeros del INE se quejaron de que el incremento del tope de gastos favorecerá a los candidatos más ricos y generará más inequidad en una contienda ya marcada por retos logísticos y por la insuficiencia de los recursos asignados al INE.
Con información de: Proceso.
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Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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