Mejoredu exige diálogo con secretario de Educación Pública; piden certeza laboral a trabajadores
La Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), exigió al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, un diálogo para revisar la certeza laboral por la extinción laboral del organismo.
En una carta, la Comisionada presidenta de la Junta Directiva de Mejoradu, Silvia Valle Tépatl, indicó que es necesario establecer una comunicación directa.
“Compartir sugerencias y acciones para colaborar responsablemente en este proceso, especialmente para dar certeza a las y los trabajadores de nuestra institución sobre el futuro de su relación laboral conforme a derecho”, comentó.
Trabajadores de Mejoredu en el limbo
Dijo que se tiene que “ir preparando la transferencia de los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros cuando corresponda”.
“El trato digno, el diálogo y la reflexión conjunta pueden contribuir a que el proceso de extinción de esta Comisión se realice de la manera más adecuada, en atención a los principios basados en el humanismo, la legalidad y la transparencia que nuestra presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha enarbolado como pilares de su gobierno”.
En dicha misiva, Valle Tépatl, aclaro que el equipo directivo de Mejoredu, junto con el secretario ejecutivo, las y los titulares de unidad y los directores generales, “estarán atentos a su respuesta y reiteramos su disposición al diálogo y al trabajo conjunto para contribuir a este cambio”.
Adecuaciones a derechos laborales
Recordó que en dicho decreto en el que se reforman, diversas disposiciones de la Constitución Política, se establece que el Congreso de la Unión tendrá que realizar las adecuaciones necesarias las leyes que correspondan para dar cumplimiento a este y posterior a ello, el Ejecutivo Federal deberá emitir el decreto de extinción correspondiente.
“En tanto que lo anterior no ha ocurrido, consideramos relevante promover un diálogo sobre uno de los temas de especial interés para las y los trabajadores de esta Comisión, vinculado con la que establece el artículo séptimo transitorio del Decreto, que alude al respeto de sus derechos laborales, así como a los términos bajo los cuales los recursos humanos de la Comisión pasarán a formar parte de la Secretaría de Educación Pública como el ente público que asumirá sus atribuciones”, finalizó.
La incertidumbre de los trabajadores ante la desaparición de Mejoredu
“El personal de Mejoredu trabajamos incansablemente desde el primer día y hasta el momento. Desde que se publicó la normatividad de la desaparición de los organismos nunca nos quedó claro por qué nos incluyeron, y lo otro que nos generó inquietud es que esta institución fue creada en el gobierno de López Obrador se nos equipara con otras y se nos imponen calificativos que no nos aplican”, comentó Ana Santiago, funcionaria de la Comisión.
Santiago, quien entró a trabajar a Mejoredu desde su creación en 2019, destacó que la institución está integrada por especialistas en la mejora de la educación y la formación de docentes, por lo que lamentó que pese a ser personas con estudios de posgrado que tienen una amplia trayectoria en el servicio público podrían quedar sin empleo.
“Con la desaparición de siete organismos –entre ellos Mejoredu– estamos hablando de miles de funcionarios de carrera que se quedaran sin trabajo, adicional a la disminución de las plazas. Es muy complicado encontrar un espacio para trabajar en lo que sabemos hacer, que es ponernos al servicio de este país”, agregó Ana.
Con información de: Animal político.
Tips al momento
Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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