Gasto público en salud empezó el año con una caída de 34.3% anual
El gasto que ejerció el gobierno para brindar servicios públicos de salud a la población mexicana reportó, en enero pasado, una disminución importante en su comparación anual, esto como parte de los intentos de la administración de Claudia Sheinbaum para lograr disminuir el déficit fiscal.
Los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mostraron que, a inicios del año, el gasto funcional en salud fue de 30,268 millones de pesos, lo que representó una caída de 34.3% en comparación con enero del año pasado.
De esta manera, el gasto en salud tuvo su peor arranque de año desde enero del 2023, cuando lo ejercido por el gobierno registró una disminución anual de 44.2 por ciento.
“En enero, el gasto público (total) fue 14.4% inferior en términos reales respecto al mismo mes del 2024, en línea con los objetivos de consolidación fiscal y sin afectar la provisión de bienes y servicios esenciales para la población”, destacó la Secretaría de Hacienda, a cargo de Edgar Amador Zamora.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indicó que, en enero, se observó una reducción de 11.5% anual en el gasto ejercido por la Secretaría de Salud (SSa).
El gasto en salud es uno de los rubros que se sacrificarán este año para tratar de lograr la consolidación fiscal, y bajar los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 5.7 a 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con lo aprobado por el Congreso, este año se gastarán 881,083 millones de pesos en la función salud, lo que representa una disminución de 12.2% respecto a lo aprobado hace un año.
Por debajo de las recomendaciones
Aunque la recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que el gasto en salud represente 6% del PIB de los países, en México éste es de menos de la mitad.
Los datos de la Secretaría de Hacienda mostraron que, al cierre del año pasado, el gasto en salud representó 2.7% del PIB, menos de la mitad de lo recomendado. En tanto, otros gastos lo superaron, como las pensiones contributivas con 4.3% del PIB, mientras que el costo financiero representó 3.4 por ciento.
“Históricamente, el gasto en salud ha mantenido una brecha presupuestaria de más de 3 puntos del PIB. Esta diferencia se debe a que, a nivel internacional, la sugerencia de inversión mínima en el sector salud es de 6% del PIB y México invierte menos de la mitad de ese porcentaje (...) El recorte al propuesto para el 2025 ampliaría la brecha presupuestaria en medio punto del PIB. Por lo que se requerirían, al menos, 3.5 puntos adicionales del PIB. El bajo nivel de financiamiento, respecto a las recomendaciones internacionales, mantiene desigualdades en la atención según la afiliación de las personas”, aseveró el CIEP.
En este sentido, la organización Ethos Innovación en Políticas Públicas señaló en su momento que, sin una reforma fiscal que permita incrementar de manera significativa los ingresos públicos, los grandes perdedores serán las y los mexicanos ante el recorte que se espera este año para el gasto público.
Con información de: El economista.
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Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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