De donativos a convenios de colaboración: Andrea Chávez se contradice sobre financiamiento para caravanas médicas
La senadora de Morena, Andrea Chávez, ha caído en contradicciones sobre el tipo de financiamiento privado que ha recibido para costear caravanas médicas en Chihuahua, cuyo costo oscila en los 10 millones de pesos al mes, y con las que posiciona su imagen ante los habitantes de ese estado.
El 19 de marzo, luego de que Latinus reveló que la legisladora utiliza unidades médicas propiedad de FMedical, empresa de Fernando Padilla Farfán, amigo y contratista favorito del coordinador morenista en el Senado, Adán Augusto López Hernández, la senadora admitió que sí conoce al empresario y que utiliza recursos privados para dichas caravanas.
“Los recursos de las ambulancias vienen de la clase empresarial”, dijo ese día Chávez Treviño a este medio de comunicación.
Cuando se le preguntó de qué empresarios provienen, afirmó: “pues son muchos, son chihuahuenses, son mexicanos”.
Al cuestionar si conoce a Padilla Farfán, declaró: “claro que lo conozco, gran amigo, como conozco a todos los empresarios chihuahuenses que ayudan, que echan la mano”.
Ese mismo día por la mañana en un programa radiofónico, Andrea Chávez afirmó que los recursos para costear las caravanas médicas, “son donativos, son donativos, nada (de recursos públicos) ni un solo peso”.
El artículo 52 de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos incurrirán en cohecho cuando exijan, acepten, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público.
En tanto, el 26 de marzo también en una entrevista radiofónica, la senadora Andrea Chávez cambió su argumentación sobre la recepción de recursos privados para las caravanas médicas, y dijo que “son convenios de colaboración con sector privado”.
Sin embargo, legalmente sólo las dependencias públicas y organismos autónomos están facultados para firmar convenios de colaboración específicos que involucren intercambio o prestación de servicios.
Con información de: LatinUs.
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Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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