Desvío millonario en el SNTE; empresas ligadas al hijo de Cepeda Salas reciben 121 mdp
La Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Nuevo León desvió al menos 121 millones de pesos del erario estatal a dos empresas propiedad de Alfonso Cepeda Garza, hijo del líder nacional del magisterio, Alfonso Cepeda Salas.
Una investigación de el diario El Norte, con datos del Isssteleón, reveló que los pagos se realizaron en 18 meses, entre febrero de 2022 y agosto de 2023.
Los recursos fueron transferidos a Médica Integralis y Laserex del Norte, bajo el concepto de adquisición de material de curación para la clínica del sindicato en Monterrey.
Las empresas, constituidas en Saltillo, no registraron licitaciones públicas para estos contratos, lo que ha levantado sospechas sobre la legalidad de las operaciones.
Pagos millonarios sin licitación pública
Los documentos revisados no mostraron evidencia de que las compras de insumos médicos pasaran por un proceso de licitación.
Fuentes del magisterio en Nuevo León confirmaron que las adjudicaciones fueron directas, sin mecanismos de transparencia.
No hay comprobación de que los materiales adquiridos llegaron efectivamente a la clínica sindical en Monterrey.
Las irregularidades han generado preocupación entre los trabajadores de la educación, quienes exigen una auditoría independiente.
Médica Integralis y Laserex del Norte, empresas beneficiadas
Médica Integralis, creada en abril de 2014, recibió 77.5 millones de pesos en pagos de la Sección 50 durante el periodo investigado.
En el acta constitutiva de esta empresa, Alfonso Cepeda Garza aparece como propietario junto con José González García y Rodolfo Gaona Rodríguez.
Por su parte, Laserex del Norte, registrada en mayo de 2017, obtuvo 43.7 millones de pesos en solo 10 meses.
En esta última empresa, Cepeda Garza comparte la propiedad con su esposa, Yaocihuatl Martínez Menchaca, y su socio González García.
Liderazgo sindical y presunta red de corrupción
Los pagos se realizaron durante los periodos de los dirigentes estatales José Luis López Rosas y Juan José Gutiérrez, actual líder de la Sección 50.
Gutiérrez fue impuesto en el cargo por Alfonso Cepeda Salas, quien encabeza el SNTE a nivel nacional desde 2018.
Bajo un convenio de subrogación con el Isssteleón, el sindicato recibe mensualmente 85 millones de pesos para operar su clínica.
De esos recursos habrían salido los pagos a las empresas de Cepeda Garza, sin controles que justifiquen la entrega de los insumos.
Denuncian desvío y falta de fiscalización
Fuentes internas de la Sección 50, que solicitaron anonimato, denunciaron que la falta de control sobre el material de curación facilitó el desvío.
El carácter desechable de los insumos impide su cuantificación exacta, lo que hace difícil verificar su entrega real.
“El material de curación no es medible. No hay forma de saber si realmente entró a la clínica”, explicó un trabajador del sindicato.
Las acusaciones han encendido alarmas en el gremio, que pide transparencia en el uso de los recursos públicos.
Exigen auditoría e intervención del gobierno estatal
Ante la opacidad en las adjudicaciones, maestros de Nuevo León han solicitado una auditoría externa sobre los contratos otorgados.
El Gobierno de Nuevo León aún no ha emitido un pronunciamiento sobre el caso, a pesar de la magnitud de los recursos involucrados.
La Fiscalía Anticorrupción podría intervenir si se confirma el uso indebido de fondos públicos en el sindicato magisterial.
Legisladores locales han advertido que presentarán un exhorto para que el Congreso del Estado investigue el destino de los recursos. –sn–
Con información de sociedad-noticias.com
Tips al momento
Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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