Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes a febrero de 2025, publicados por el INEGI, revelaron una contracción en la Población Económicamente Activa (PEA) y un estancamiento en la tasa de desempleo, lo que refleja un debilitamiento en el mercado laboral mexicano.
En febrero, la PEA se situó en 60.7 millones de personas, lo que representa una disminución de 207 mil personas en comparación con el mismo mes de 2024. Esta reducción se explica por una pérdida neta de 236 mil empleos y un incremento de 30 mil personas en la desocupación. A pesar de ello, la tasa de desempleo se mantuvo en 2.5%, igual que el año anterior.
En contraste, la Población No Económicamente Activa (PNEA) registró un aumento significativo de 2.37 millones de personas en el último año, alcanzando 42.68 millones. Dentro de este grupo, la población “disponible” (que no busca empleo pero estaría dispuesta a trabajar) creció en 421 mil personas, lo que podría indicar desaliento ante las condiciones laborales.
Un dato positivo fue la reducción en la tasa de subocupación, que pasó de 6.5% a 6.3% en términos anuales, aunque sigue por encima de los niveles prepandemia. Sin embargo, la informalidad laboral se mantuvo en 54.5% de la población ocupada, sin cambios respecto a 2024, lo que refleja un estancamiento en la reducción de este problema estructural.
Con información de la-guardia.com.mx
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.