México y EU necesitan cooperación, no aranceles que afectan la competitividad
La imposición de un arancel del 25% a los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos representa una amenaza directa para la industria automotriz de la región. Frente a este contexto, en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos que esta medida proteccionista encarece los vehículos, reduce la competitividad y pone en riesgo miles de empleos en la región. No podemos permitir que estas decisiones afecten el comercio y la integración productiva construida durante décadas.
México es el principal proveedor de autos al mercado estadounidense y forma parte de una cadena de suministro altamente integrada. Según datos del INEGI, en 2024 México exportó cerca de 3.5 millones de vehículos ligeros, de los cuales el 80% se dirigieron a EE.UU. La imposición de estos gravámenes no solo impactará a las exportaciones nacionales, sino que también incrementará los costos para los consumidores en Estados Unidos, lo que podría traducirse en una menor demanda y afectar la estabilidad del sector. La incertidumbre generada daña la confianza de los inversionistas y obstaculiza el crecimiento económico de ambos países.
En este contexto, el Gobierno de México debe actuar con determinación para defender los intereses nacionales. Es imprescindible exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del T-MEC y buscar mecanismos para contrarrestar las afectaciones derivadas de estos aranceles. No podemos depender de la voluntad de un solo país para garantizar el crecimiento de nuestra economía. Es urgente fortalecer el mercado interno y diversificar nuestras exportaciones para reducir la vulnerabilidad frente a medidas proteccionistas.
La industria automotriz es un pilar fundamental de la economía mexicana y su competitividad no puede verse afectada por decisiones arbitrarias. Ante este panorama, se requiere una estrategia clara que brinde certidumbre a las empresas y garantice condiciones de competencia justa. El fortalecimiento de la inversión, la innovación y la promoción de nuevas oportunidades comerciales deben ser prioridad en la agenda económica del país.
Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de las empresas establecidas en México y con la búsqueda de soluciones que protejan el desarrollo del sector productivo. Es momento de reforzar el diálogo con nuestros socios comerciales, explorar nuevas alianzas y exigir un marco de reglas claras que impida la imposición de medidas que distorsionen el comercio.
El futuro de México no puede estar sujeto a decisiones unilaterales que atentan contra nuestra economía. Debemos impulsar una política exterior firme y proactiva que promueva la estabilidad y el crecimiento para nuestro país. En COPARMEX, trabajaremos para que el sector empresarial esté preparado y para que el gobierno actúe con la firmeza necesaria en la defensa de los intereses nacionales.
Tips al momento
Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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