ACNUR, apoyará la integración socioeconómica de 5 mil personas refugiadas y solicitantes de asilo en México
Con el propósito de fortalecer comunidades inclusivas, la agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la embajada de Japón en México, presentaron hoy un proyecto para promover la integración socioeconómica de personas refugiadas y solicitantes de asilo en México, mediante su incorporación al empleo formal.
En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se presentó este proyecto durante una reunión encabezada por la directora general de Estrategia Multilateral de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Aureny Aguirre; el embajador de Japón en México, Kozo Honsei; el representante de ACNUR en México, Giovanni Lepri, y el presidente de la empresa japonesa Exedy Dynax México, Taiichi Kagiyama.
En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se presentó este proyecto durante una reunión encabezada por la directora general de Estrategia Multilateral de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Aureny Aguirre; el embajador de Japón en México, Kozo Honsei; el representante de ACNUR en México, Giovanni Lepri, y el presidente de la empresa japonesa Exedy Dynax México, Taiichi Kagiyama.
Este proyecto cuenta con un financiamiento de 3.5 millones de dólares por parte del gobierno de Japón, y se desarrollará entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Se implementará en el marco del Programa de Integración Local (PIL) de ACNUR, en estrecha coordinación con los gobiernos federal, estatales y municipales, así como el sector privado, incluidas empresas japonesas y la sociedad civil.
Tras agradecer el apoyo del gobierno de Japón y de ACNUR, Aguirre precisó que para México es fundamental asegurar a las personas refugiadas el pleno disfrute de sus derechos y el acceso a servicios de educación, salud, documentación y oportunidades de empleo.
Esto contribuirá a facilitar la integración social y económica de las personas refugiadas, reducir su situación de vulnerabilidad y promover su autosuficiencia en un lugar donde puedan reiniciar su vida con dignidad y paz, precisó la funcionaria quien participó en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente.
El proyecto tiene como meta brindar apoyo a 5,000 personas refugiadas para trasladarse desde el sur de México a ciudades con mayor capacidad de integración laboral y social, en regiones como El Bajío y Nuevo León. Estas zonas cuentan con la presencia de empresas japonesas y una infraestructura que facilita el acceso al empleo y a servicios esenciales.
“Ante la actual coyuntura global, Japón y México, como aliados estratégicos, debemos seguir realizando esfuerzos para trabajar y cooperar en temas globales como este tema de gran relevancia. Las acciones que realizaremos a través del proyecto con ACNUR serán muy significativas para enfrentar los retos que implican los crecientes flujos de personas”, destacó por su parte el embajador de Japón, Kozo Honsei.
La iniciativa prestará especial atención a la inclusión de mujeres jefas de familia, y promoverá la incorporación de niñas y niños a actividades educativas, deportivas y culturales, así como el acceso a servicios de cuidado infantil.
El representante de la ACNUR en México, Giovanni Lepri, destacó su agradecimiento con el gobierno de Japón por su generoso apoyo a este proyecto. “Esta contribución no solo permitirá que miles de personas refugiadas accedan a empleo formal y servicios esenciales, sino que también fortalecerá la cohesión social en las comunidades que las reciben. La solidaridad internacional es clave para construir una integración sostenible y humana”, dijo.
Desde su creación en 2016, el PIL ha permitido a más de 50 mil personas refugiadas reconstruir sus vidas en México y generar una contribución fiscal anual estimada en 238 millones de pesos. Este nuevo proyecto refuerza el compromiso de ampliar las oportunidades para que más personas refugiadas encuentren estabilidad y accedan a nuevas oportunidades.
Tips al momento
Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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