Trump pide a Corte Suprema permiso para reanudar deportaciones de migrantes venezolanos
WASHINGTON (AP).- Este día, el gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema permiso para reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, al tiempo que continúa una batalla legal.
La apelación de emergencia es presentada luego del rechazo la petición del gobierno republicano por parte de la corte federal de apelaciones en Washington. Por una votación de 2-1, un panel de jueces de apelación mantuvo en vigor una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones de los migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros rara vez utilizada.
El Departamento de Justicia argumentó en documentos judiciales que las cortes federales no deberían interferir con negociaciones diplomáticas delicadas. También afirmó que los migrantes deberían presentar su caso en un tribunal federal en Texas, donde están detenidos.
La orden que bloquea temporalmente las deportaciones fue emitida por el juez federal de distrito James E. Boasberg, el juez principal en la corte federal de Washington.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar la deportación de cientos de personas bajo una proclamación presidencial que califica a la pandilla Tren de Aragua como una fuerza invasora.
“Aquí, las órdenes de la corte de distrito han rechazado los juicios del presidente sobre cómo proteger a la nación contra organizaciones terroristas extranjeras y corren el riesgo de efectos debilitantes para negociaciones extranjeras delicadas”, escribió la procuradora general interina Sarah Harris en el documento judicial.
Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaron la demanda en nombre de cinco ciudadanos venezolanos que estaban detenidos en Texas, horas después que la proclamación se hiciera pública.
El tribunal fijó un plazo hasta el martes para una respuesta de la ACLU. El caso se ha convertido en un punto álgido en medio de la creciente tensión entre la Casa Blanca y las cortes federales.
Boasberg impuso una suspensión temporal de las deportaciones y ordenó que aviones llenos de inmigrantes venezolanos regresaran a Estados Unidos. Eso no ocurrió. Desde entonces, el juez ha prometido determinar si el gobierno desafió su orden de dar la vuelta a los aviones. El gobierno ha invocado un “privilegio de secretos de Estado” y se ha negado a proporcionar a Boasberg información adicional sobre las deportaciones.
Trump y sus aliados han pedido la destitución de Boasberg. En una declaración poco común, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que “la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.
La Ley de Enemigos Extranjeros permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración o un juez federal.
Boasberg dictaminó que los inmigrantes que enfrentan la deportación deben tener la oportunidad de impugnar sus designaciones como presuntos miembros de pandillas. Su fallo establece que hay “un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas basadas en categorías que no tienen derecho a impugnar”.
La suspensión temporal de las deportaciones que Boasberg impuso está programada para expirar el sábado, pero la ACLU ha solicitado una extensión hasta el 12 de abril y planea buscar una pausa más duradera en las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, conocida como una orden judicial preliminar, mientras continúa la demanda.
Con información de proceso.com.mx
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Adiós a la transparencia en las compras del Gobierno, se va Compranet
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, va a solicitar la remoción del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, por lo que dijeron es la reiterada función de censura y agresión hacia la oposición y acusarlo de ser el sepulturero designado para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En rueda de prensa, los diputados panistas Saúl Téllez y Éctor Jaime, dieron a conocer que se están incluyendo diversas y nuevas figuras en la Ley de Adquisiciones, así como en la de Obras Públicas, que en nada abonan a la transparencia y promueven las contrataciones por adjudicación directa.
Señalaron que esas modificaciones son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación, el contrato marco, la contratación consolidada y el diálogo competitivo, todas esas figuras, dijeron, favorecen la discrecionalidad, el favoritismo y el amiguismo que priva actualmente.
Señalaron que en el actual régimen se ha incumplido con la transparencia, tan es así que, desde 2018 a 2024, la figura predilecta para las compras ha sido, la adjudicación directa con hasta el 78% de todas las contrataciones gubernamentales.
Por eso señalaron que, esa figura predominó en el 92% de los contratos del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas con más de 44 mil millones de pesos en adjudicación directa.
También, se usó esa figura en el 90% de las contrataciones Diconsa y Segalmex y en el Banco de Bienestar, así como en el 99% de las de Birmex y un 70%, de las de la Guardia Nacional.
Las instituciones que más han ocupado esta figura son el IMSS, el ISSSTE, esta última, de 8 mil 307 contratos, 8 mil 196 fueron por adjudicación directa; también señalaron a la Sedena con más del 73% de este tipo de contrataciones.
Por eso, insistieron en el predominio de la licitación pública en las adquisiciones, sin embargo, lo que estas iniciativas promueven, señalaron, son más figuras de excepción para abonar a la opacidad, al favoritismo y al clientelismo.
De esta manera y a decir el analista político, Juan Ortiz, el régimen actual avanza en la desaparición de la Plataforma Compranet, en la que se ofrece información de lo que compra el Gobierno, los precios y a quiénes. Según dijo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia, para la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Habría que recordar que en agosto de 2024 se cayó esa plataforma y se dijo que, se habían eliminado los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023, casi 2 millones de contratos, lo que fue atribuido a un error en el sistema.
Al respecto, habría que recordar el icónico caso de la compra por parte del Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de las 671 pipas, en las que invirtieron mil 735 millones de pesos, bajo adjudicación directa y que, se iban a utilizar en la lucha contra el huachicol y de las que hasta la fecha, nadie sabe en dónde están.
Así dicen, al igual que al INAI, se le está poniendo el último clavo en el ataúd a la transparencia en las compras del Gobierno Federal, para cubrirlas con el velo de la opacidad y la corrupción.
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